Alcorcón insta a Carmena a suspender, revisar y consensuar Madrid Central

El Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado hoy con los votos del PP y Ciudadanos una proposición presentada por el alcalde de Alcorcón, David Pérez, para pedir al Consistorio madrileño que suspenda, revise y consensúe las medidas de restricción de la circulación a los no residentes en Madrid Central.

La iniciativa ha recibido el voto en contra de PSOE, Ganar Alcorcón e Izquierda Unida.

En defensa de la propuesta, Pérez ha considerado que es "insostenible e injustificable que un Ayuntamiento como el de Madrid pretenda cerrar la ciudad, levantar muros y adueñarse de los límites del término municipal, sin respeto alguno a los municipios vecinos".

El regidor de Alcorcón ha indicado que las ordenanzas de movilidad, el protocolo contra la contaminación o Madrid Central no se han consensuado con ningún Ayuntamiento cercano, tampoco con Alcorcón, para estudiar los efectos de estas medidas, preparar dispositivos de movilidad y poner en marcha aparcamientos disuasorios.

Pérez ha acusado a Carmena de aplicar "la imposición por la imposición, con una visión muy excluyente del Gobierno de una gran ciudad como Madrid, que siempre ha sido abierta, acogedora y hospitalaria y que la izquierda, con el apoyo del socialismo, está convirtiendo en una ciudad que se cierra sobre sí misma".

En la proposición, se reprueba la política de movilidad "arbitraria, improvisada, autoritaria e irresponsable" del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid, por considerar que "perjudica gravemente a los derechos de los ciudadanos, entorpece su vida diaria, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo".

Igualmente, se exige la suspensión de la entrada en vigor de Madrid Central, así como el retraso de la puesta en marcha de la nueva ordenanza de movilidad para ampliar los plazos e informar más y mejor a los ciudadanos sobre los cambios previstos.

Además, se solicita que el protocolo anticontaminación se consensúe "con tiempo y sin improvisaciones" con la Comunidad de Madrid, la Administración General del Estado, los municipios de la corona metropolitana y los sectores afectados, al tiempo que se insta al Ayuntamiento de Madrid a reforzar y facilitar el transporte público cuando se pongan en marcha medidas restrictivas por la contaminación.

En el texto, se apuesta por “estudiar las acciones legales necesarias para salvaguardar los derechos de los vecinos frente a restricciones que perjudican, como siempre, a quienes menos posibilidades tienen de renovar su vehículo, (...) sin que el Ayuntamiento de Madrid haya hecho el más mínimo esfuerzo por mejorar o ampliar las alternativas de transporte público y, mucho menos, por potenciar otras políticas medioambientales”.