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Pozuelo recurrirá el auto que suspende el cierre del centro de inmigrantes pese a la falta de licencia
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid, que ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central para suspender el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) ubicado en el municipio.
El consistorio, que decretó la clausura del centro el pasado mes de septiembre por carecer de licencia municipal y por riesgo de hacinamiento, acata el auto judicial, aunque insiste en que la actuación del Ministerio de Migraciones es contraria a la normativa vigente.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han valorado positivamente la resolución judicial, al considerar que evita el desalojo de las familias acogidas, que, según fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz, vivían desde hace meses en una situación de gran incertidumbre. El Ejecutivo rechaza las acusaciones del Ayuntamiento sobre una supuesta masificación y asegura que en la actualidad el centro presenta solo un 17% de ocupación, con 70 plazas ocupadas por familias ucranianas bajo protección temporal y mujeres afganas con hijos solicitantes de asilo.
Una instalación sin licencia que duplicó su capacidad
El inmueble cuenta con una licencia municipal para un máximo de 270 plazas destinadas a actividades formativas vinculadas a la Seguridad Social. Sin embargo, el Ministerio reconvirtió el edificio en un centro de inmigrantes tras la llegada masiva de refugiados ucranianos en 2022, llegando a autorizar en verano hasta 564 plazas y reconociendo una ocupación de más de 400 personas, según documentos oficiales firmados por la secretaria de Estado Pilar Cancela y su directora general de Atención Humanitaria. El Ayuntamiento sostiene que esta situación vulnera la normativa urbanística local y pone en riesgo la convivencia.
Modelo estatal frente a competencias municipales
Desde el Gobierno defienden que el CREADE de Pozuelo es un centro de referencia nacional, calificado como modelo por organismos internacionales como ACNUR. Subrayan que en estas instalaciones se realiza en pocas horas el registro, documentación e información de los recién llegados, junto con atención psicosocial y derivación a otros recursos. Consideran que se trata de un servicio esencial para personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de las cuales inician en este centro su integración en la sociedad española.
Retraso en la notificación al Ayuntamiento y recurso en curso
El Ayuntamiento, por su parte, ha manifestado su sorpresa por la rapidez con la que se ha dictado el auto judicial, apenas un día después de presentar sus alegaciones. El consistorio no fue informado de la solicitud de medidas cautelares del Ejecutivo hasta el 23 de diciembre, pese a que el recurso había sido interpuesto por la Abogacía del Estado el pasado mes de noviembre. La decisión del juez permite ahora que el centro continúe operando de forma provisional hasta que se resuelva el fondo del asunto, mientras las autoridades locales confían en que se reconozca su competencia para ordenar el cierre por razones legales y administrativas.
Mensaje de firmeza a los vecinos
El Ayuntamiento de Pozuelo ha trasladado a los vecinos un mensaje de tranquilidad, afirmando que continuará actuando con firmeza para que el Gobierno central cumpla la misma normativa que se exige al resto de ciudadanos, empresas e instituciones. Mantiene su compromiso de agotar todas las instancias judiciales para garantizar que no haya privilegios administrativos por parte del Estado y se respete la legalidad vigente.
