Pozuelo exige cerrar el centro de refugiados y el Gobierno responde con un recurso judicial

Pozuelo exige cerrar el centro de refugiados y el Gobierno responde con un recurso judicial

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha exigido por carta al Gobierno central el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas ubicado en el municipio, al que acusa de operar sin los permisos necesarios. La regidora ha advertido de que utilizará “todos los cauces legales” para que se ejecute la orden de clausura decretada por el Ayuntamiento el pasado septiembre, con un plazo de cuatro meses que vence el 17 de enero de 2026.

Sin embargo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado este jueves que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra esa resolución municipal y ha solicitado medidas cautelares para evitar el cierre, quedando ahora a la espera de la resolución judicial.

El Ministerio defiende que el CREADE, ubicado en un edificio cedido por la Seguridad Social, ha atendido a más de 100.000 personas desde su apertura en 2022, principalmente refugiados ucranianos, pero también personas de otras nacionalidades con protección internacional. Actualmente, alberga a 125 mujeres solas o con menores a su cargo, de origen ucraniano, latinoamericano y afgano.

Desde el Ministerio aseguran que, hasta hace unos meses, no se había producido “ningún problema” con el Ayuntamiento, y recalcan que el centro ha sido un "referente" en la atención a personas vulnerables.

Por su parte, Tejero reprocha que el Ministerio no haya solicitado el título habilitante que exige el Ayuntamiento para continuar la actividad, ni haya informado sobre ninguna planificación para cumplir con la resolución de cierre. Tampoco —según su carta— tenía constancia de que se hubiera presentado Recurso judicial, aunque ahora sí ha quedado confirmado por el Gobierno.

La alcaldesa ha lamentado no haber sido invitada al acto institucional celebrado en el centro por el Día del Migrante, y ha subrayado que, si en el plazo de un mes no se cierra el centro, el Ayuntamiento "actuará con todos los medios legales disponibles".