El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid ha decidido suspender provisionalmente el decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada que ordenaba la paralización de las obras para la instalación de un centro de acogida para menores extranjeros no acompañados en La Cantueña. La medida cautelar fue solicitada por la Comunidad de Madrid, que argumentó una situación de urgencia.
El auto del Juzgado concede al Ayuntamiento de Fuenlabrada un plazo de tres días para presentar alegaciones antes de tomar una decisión definitiva sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar. Según el juez, hay "suficientes elementos" que justifican la urgencia requerida por la Comunidad de Madrid. La suspensión temporal permite mantener la situación material y jurídica previa a la decisión municipal, sin perjuicio de posibles modificaciones tras la recepción de las alegaciones.
El juez considera que no existe un "grave perjuicio del interés general" al permitir que las obras continúen durante el breve plazo otorgado para presentar alegaciones. En contraste, la paralización inmediata de las obras causaría un perjuicio mayor, debido al presumible retraso que conllevaría la reanudación de las mismas, incluyendo el traslado de personal, maquinaria y materiales.
El conflicto comenzó cuando el Ayuntamiento de Fuenlabrada paralizó las obras argumentando que el uso previsto incumplía el convenio de cesión del espacio a la Administración regional. En respuesta, la Comunidad de Madrid recurrió a la Justicia, amparándose en la Ley del Suelo autonómica para justificar la legalidad de su decisión.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, acusó al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), de "rechazar" a los menores extranjeros no acompañados y de boicotear el proyecto de manera constante. La Comunidad de Madrid tiene la intención de habilitar el centro "lo antes posible" y ha previsto invertir 6,9 millones de euros para crear un centenar de plazas de acogida, en respuesta a las demandas del Gobierno de España.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada cedió el centro hace 20 años para un centro de difusión ambiental. Al considerar que el uso propuesto incumple el convenio, el Consistorio activó la cláusula para recuperar las instalaciones. El decreto municipal que paralizaba las obras está, según el Ayuntamiento, "sustentado en informes jurídicos". Defendieron la paralización como una medida justificada y calificaron de "atropello" la intención de la Comunidad de Madrid de transformar el centro sin consenso municipal.
Ana Dávila mencionó el "contexto de crisis migratoria" con más de 1.100 menores no acompañados que han llegado a la Comunidad de Madrid en los últimos meses, lo que ha obligado a la administración a adaptar sus recursos. Uno de estos recursos es el centro de La Cantueña, que consideran necesario para atender las demandas del Gobierno central.
La Comunidad de Madrid argumentó que el artículo 163 de la Ley del Suelo autonómica permite la ejecución inmediata de las obras por razones de urgencia o interés general. Según el Ejecutivo regional, ambas circunstancias se aplican en este caso, ya que la legislación obliga a prestar atención inmediata a los menores que llegan.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada notificó tanto a la Comunidad de Madrid como a la empresa constructora la paralización inmediata de las obras. Desde el Consistorio fuenlabreño defendieron que su decreto está respaldado por informes jurídicos y denunciaron la transformación del centro sin consenso como un "atropello".