El presunto caso de acoso sexual que salpica al Ayuntamiento de Móstoles ha abierto un nuevo frente político y judicial tras el anuncio de la exconcejala de presentar una denuncia contra el alcalde, Manuel Bautista, y otra contra la Comunidad de Madrid por la supuesta filtración de correos electrónicos. A estas iniciativas se suma ahora la reacción del Partido Popular de Madrid, que ha negado de plano las acusaciones y ha avanzado que estudia emprender acciones legales contra la exedil por actuar, según sostiene, de “mala fe”.
La exconcejala tiene previsto acudir la próxima semana a los juzgados para denunciar un presunto acoso sexual por parte del regidor mostoleño y un posterior acoso laboral. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, ha explicado que la denuncia recogerá una serie de comportamientos que, a juicio de su clienta, se produjeron en el ejercicio de su cargo y generaron un entorno intimidatorio que le impidió denunciar antes por miedo a represalias personales y familiares.
A esta vía judicial se añadirá una denuncia ante el Tribunal Supremo por la supuesta filtración de correos electrónicos personales y oficiales. La afectada sostiene que se produjo una invasión de su correo institucional, con accesos no autorizados, borrado de mensajes y difusión de contenidos sin su consentimiento, con fines ajenos a su función pública. La defensa busca esclarecer si dicha filtración pudo partir de la Comunidad de Madrid o del entorno del Partido Popular madrileño, por un posible delito de revelación de secretos.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha salido este viernes al paso de estas acusaciones asegurando que el partido estudiará las acciones legales necesarias contra la concejala, a la que acusa de actuar de “mala fe” y de “prefabricar pruebas” por una “vendetta personal”. En una rueda de prensa ofrecida en la sede nacional del partido, en la calle Génova, Serrano ha afirmado que no existió acoso sexual alguno y que lo ocurrido responde, en su opinión, a un intento deliberado de construir un relato para otorgarle “presunción de veracidad”.
Serrano ha sostenido que se ha intentado levantar un caso artificial en un momento políticamente sensible, aludiendo a la cercanía de las elecciones en Aragón, y ha recalcado que ni el partido ni la Presidenta del Gobierno regional tienen relación alguna con los hechos denunciados. En este sentido, ha negado cualquier implicación de la dirección regional y ha rechazado que se trate de un caso de acoso sexual.
Uno de los elementos más controvertidos del caso es la existencia de grabaciones de conversaciones realizadas, según el PP, sin autorización. Serrano ha denunciado que la edil habría grabado conversaciones internas del partido de forma irregular y ha exigido que dichas grabaciones se hagan públicas en su totalidad, “enteras” y “sin cortes ni manipulaciones”, para evitar interpretaciones interesadas.
Desde el entorno de la exconcejala, sin embargo, se insiste en que estas pruebas forman parte de la estrategia de defensa y de la reconstrucción de los hechos, y que será la Justicia la que determine su validez y alcance.
Por su parte, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha defendido su presunción de inocencia y ha asegurado que se ha construido un relato que “no se corresponde con la realidad”. En una reciente comparecencia ante los medios, el regidor subrayó que ninguno de sus concejales le ha pedido la dimisión y recordó que, hasta la fecha, no existe una acusación formal en sede judicial.
Bautista ha señalado también que el caso fue archivado en el Comité de Derechos y Garantías y que, a su juicio, una información periodística no puede ser suficiente para adoptar decisiones políticas de calado. El alcalde ha reiterado su confianza en que la vía judicial permita aclarar los hechos y ha insistido en que colaborará con cualquier investigación.