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El PP de Madrid niega presiones en el caso del alcalde de Móstoles y asegura que la denuncia “no aportó pruebas” y fue archivada
El Partido Popular de Madrid ha salido al paso de las informaciones sobre una denuncia interna contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y ha negado de forma tajante que existiera presión alguna para “tapar” el caso.
Fuentes del PP madrileño sostienen que el primer escrito recibido en febrero de 2024 no hablaba de acoso sexual, sino “estrictamente” de “discriminaciones laborales”, y que en una reunión celebrada en marzo se preguntó expresamente a la concejala si se trataba de algún tipo de acoso o abuso sexual, a lo que, siempre según estas fuentes, la interesada respondió que no.
La dirección regional defiende que el partido “ni tapa ni oculta denuncias”, sino que las tramita e instruye y, cuando corresponde, actúa, manteniendo un “escrupuloso respeto” a la presunción de inocencia. En ese marco, cuestiona la base de la información periodística y advierte de que no valorará “conversaciones troceadas” extraídas “de no se sabe dónde” y que podrían estar manipuladas. También sostiene que se trata de un relato apoyado en un audio “editado” en el que se omiten partes de la conversación y denuncia la ausencia de testimonios directos de la denunciante.
Según el relato del PP regional, en octubre de 2024 la concejala se dio de baja del partido, dejó el acta y, después, remitió un escrito a la dirección nacional. El PP de Madrid subraya que el caso fue asumido por el Comité Nacional de Derechos y Garantías al tratarse de un alcalde de un municipio de más de 100.000 habitantes, condición que le convierte en miembro nato de la Junta Directiva Nacional. Entre octubre de 2024 y abril de 2025, continúa el partido, se instruyó el expediente, se le requirió a la interesada información y documentación y se practicaron las actuaciones que procedían. La conclusión, según estas fuentes, fue el archivo al no aportarse pruebas que sostuvieran la denuncia ni las declaraciones imputadas a terceros.
El PP de Móstoles pide presunción de inocencia
En paralelo, el PP de Móstoles ha defendido igualmente a Manuel Bautista y ha apelado a la presunción de inocencia. La organización local afirma que el proceso fue “debidamente tramitado y archivado” y que no se presentaron pruebas que acreditaran las acusaciones. Además, subraya que no consta denuncia ante un juzgado y que la denunciante no recurrió el archivo ni impulsó actuaciones posteriores por la vía judicial, algo que, a juicio de los populares, debe tenerse en cuenta antes de lanzar acusaciones públicas de extrema gravedad.
Lo publicado por El País y el relato de la exedil
Frente a esta versión, El País publicó documentación interna en la que se sostiene que el PP de Madrid presionó a la concejala para que no denunciara y que, pese a pedir amparo de forma reiterada, no se abrió una investigación interna efectiva ni se activaron medidas de protección. En esos textos aparecen frases atribuidas a personas encargadas de gestionar el caso, como “el amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia” y “protegerte es no hacer nada”. La edil, que pidió anonimato y declinó hacer declaraciones al diario, terminó dejando el acta, abandonando la política y solicitando la baja como militante.
El relato de la exconcejala
Según la documentación difundida, la concejala sitúa el origen del conflicto durante la campaña electoral, cuando el entonces candidato habría protagonizado conductas de carácter personal y sexual que ella rechazó. A partir de ahí describe un cambio brusco en el trato y una etapa posterior de acoso laboral dentro del grupo municipal, con episodios de aislamiento, invisibilización y retirada de funciones. En su relato incluye comentarios de contenido sexual e insinuaciones durante la campaña y, después, humillaciones, pérdida de competencias, exclusión de actos oficiales y dificultades para intervenir en plenos o defender iniciativas propias. También detalla hasta 14 episodios concretos que atribuye a decisiones del regidor, como la pérdida de despacho y el anuncio de su sustitución en la concejalía.
Carta al entorno de Ayuso y reuniones en la dirección del partido
La concejala afirma que pidió ayuda en al menos seis ocasiones entre escritos y reuniones, incluyendo un recurso ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías. En febrero de 2024 envió una carta al gabinete de Isabel Díaz Ayuso alertando de una discriminación grave y sostenida y solicitando una reunión para evitar la intervención de otros organismos. Aunque la presidenta no la recibió, el caso se derivó a la dirección del PP en Madrid. En la documentación aportada se recogen reuniones con el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y con Ana Millán, en las que, según la versión de la denunciante, se le desaconsejó acudir a tribunales y se le sugirió bajar el perfil o buscar una salida pactada. El PP de Madrid, por su parte, sostiene que en esa reunión se le preguntó por acoso sexual y ella lo negó.
El correo borrado y la paralización del procedimiento interno
La exconcejala denunció posteriormente ante un juzgado el borrado completo de la bandeja de correo desde la que había enviado solicitudes de amparo, tras detectar accesos desde direcciones IP desconocidas. Según el relato publicado, esa denuncia provocó la suspensión del procedimiento interno. El Comité Nacional acabó archivando el expediente por falta de elementos probatorios, mientras la denunciante asegura que aportó nombres de testigos que no fueron llamados y que no recibió una comunicación clara sobre el cierre de la investigación.
La oposición exige dimisiones y señala al PP madrileño
La polémica ha provocado una reacción inmediata de PSOE, Más Madrid y VOX, que han exigido la dimisión del alcalde Manuel Bautista y han apuntado a responsabilidades políticas en el PP de Madrid. El líder del PSOE-M y ministro Óscar López acusó públicamente a la dirección regional de “amparar y ocultar” el caso y citó a Alfonso Serrano y Ana Millán como conocedores de la situación. Más Madrid reclamó el cese del alcalde y responsabilidades de quienes lo “encubrieron”, mientras Vox pidió la renuncia de Bautista y exigió explicaciones, vinculando el caso al clima político municipal y a la reciente ruptura del acuerdo de gobierno.
