La empresa municipal de servicios del Ayuntamiento de Pinto, Aserpinto, ha readmitido a un trabajador que la unión temporal de empresas (UTE) Valoriza-Gestyona, concesionaria de la limpieza viaria, zonas verdes y recogida de residuos sólidos tras su privatización, había despedido por "causas administrativas".
Según ha indicado el Consistorio pinteño, el despido vino motivado por el hecho de que el empleado se negase "a dejar sus labores administrativas para desempeñar tareas de limpieza viaria", lo que ha sido denunciado por el afectado por considerarlo un motivo "improcedente".
El Gobierno municipal de la localidad, que ejerce Ganemos Pinto, ha optado por la reincorporación a la empresa pública porque esta posibilidad "ya quedó establecida por acuerdo tras la puesta en marcha por parte de la anterior Corporación de la externalización" de parte de las tareas de la compañía.
El alcalde de la ciudad, Rafael Sánchez, se reunió "con todas las partes implicadas para conocer la postura de la UTE, los sindicatos, el propio trabajador" y el Ayuntamiento ha indicado que el comité de empresa consideró muy negativa la rescisión del contrato, si bien la dirección indicó que se encontraba "dentro de la legalidad".
La consejera delegada de Aserpinto y concejala de la ciudad, Consoli Astasio, ha indicado que Valoriza-Gestyona "se comprometió verbalmente a no llevar a cabo este tipo de despidos" y ha "lamentado el trato dado" a este trabajador, además de comprometerse a "mantener" la parte del acuerdo que corresponde al Ayuntamiento.
Las relaciones entre el actual Gobierno municipal de Pinto y Valoriza-Gestyona han estado condicionadas por la voluntad de Ganemos Pinto de remunicipalizar los servicios que lleva a cabo, algo que no ha podido hacer debido a las condiciones del contrato.
Sin embargo, el Consistorio ya ha impuesto en dos ocasiones sanciones graves a la UTE por no cumplir "con los niveles de calidad exigidos en el pliego durante cuatro meses consecutivos".
La primera de las sanciones fue de 9.000 euros tuvo lugar en septiembre de 2015 y la segunda, de 11.000, se acordó por unanimidad en el pleno el pasado mes de abril.