El Gobierno impone una reforma ideológica en las señales de tráfico bajo el pretexto de la inclusividad

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma del Reglamento General de Circulación, vigente desde 2003, que introduce cambios en el sistema de señalización vial con el argumento de adaptarse a los “cambios sociales, tecnológicos y de movilidad”. Sin embargo, uno de los ejes principales de la modificación es la eliminación de lo que el Ejecutivo denomina “connotaciones de género” en los pictogramas de las señales, con el objetivo explícito de promover un “lenguaje visual más inclusivo”.

La medida, presentada por el Ministerio del Interior, ha sido acompañada de una retórica propia de la ingeniería social, más que de la seguridad vial. El Gobierno asegura que con esta revisión normativa pretende “mejorar la eficacia en la gestión del tráfico”, pero el énfasis en los aspectos simbólicos y de imagen, así como en la pretendida neutralidad de género, apunta a una intención claramente ideológica. La señalización, que debería responder únicamente a criterios de claridad, visibilidad y eficacia, se convierte ahora en un instrumento de reeducación visual al servicio de una agenda identitaria.

Nuevas señales adaptadas al discurso oficial

Entre las novedades introducidas, el Ejecutivo ha aprobado señales que responden a las “nuevas realidades de movilidad”, como las relativas a los patinetes eléctricos, y otras que reflejan una sensibilidad social cada vez más dirigida por los dictados de lo políticamente correcto. Es el caso, por ejemplo, de una señal que advierte de la presencia de personas mayores, en la que se ha sustituido el tradicional anciano encorvado con bastón por una pareja, hombre y mujer, ambos con bastón, en un gesto innecesario de aparente paridad.

También se han reformado señales clásicas como la del paso de ferrocarril, que ha sido rediseñada para representar un tren moderno, y la del tractor, que ha sido igualmente actualizada. Pero más allá de la estética, lo preocupante es el fondo: se elimina todo símbolo que no se ajuste al nuevo marco interpretativo impulsado por el Gobierno, ignorando que la función de estas señales no es la representación equitativa de colectivos, sino la advertencia clara y efectiva de peligros o normas.

Implantación progresiva y con coste económico no estimado

El real decreto que regula la reforma entrará en vigor el 1 de julio de 2025. A partir de esa fecha, las señales antiguas deberán ser retiradas en el plazo de un año, bajo la justificación de garantizar la “seguridad jurídica”. La sustitución física de las señales se realizará de manera progresiva y aprovechando los ciclos de renovación habituales. No obstante, no se han ofrecido estimaciones económicas sobre el coste que tendrá esta transformación en miles de carreteras y vías urbanas.

Por otra parte, las nuevas señales no se incorporarán de inmediato a los exámenes teóricos para la obtención del permiso de conducir. Habrá un plazo mínimo de tres meses tras la entrada en vigor de la norma para actualizar los manuales de formación, lo que añade más carga al proceso educativo sin garantías de que contribuya a una mejora real en la formación de los futuros conductores.

La reforma ha sido elaborada en colaboración con los ministerios de Transportes, Industria y Defensa y afecta al Título IV del Reglamento, consolidando un nuevo catálogo oficial de señales. Esta centralización normativa se presenta como un avance en claridad y coherencia, pero introduce además un mecanismo para futuras modificaciones por vía de orden ministerial, lo que permitirá a los ministerios del Interior y de Transportes añadir, alterar o eliminar señales sin control parlamentario, consolidando así una puerta abierta a sucesivos cambios de inspiración ideológica.