El Partido Popular (PP) ha instado al Gobierno en el Congreso a establecer un Servicio de Atención de Adicciones Tecnológicas para asesorar a familias y menores.
El objetivo es prevenir el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, similar al que implementó la Comunidad de Madrid en 2018, que en 2023 "ayudó a más de 7.000 personas".
En una proposición no de ley presentada en el Congreso para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, el PP pide asegurar la financiación de este nuevo servicio a través de las correspondientes partidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Asimismo, solicita implementar "campañas institucionales de concienciación sobre el uso responsable del entorno digital, dirigidas a menores, en medios de comunicación, redes sociales y centros educativos".
De acuerdo con datos aportados por organizaciones expertas y publicados por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, siete de cada diez adolescentes consumen pornografía de forma regular en España y el 53,8% de los jóvenes entre 12 y 15 años afirma haber visto pornografía por primera vez entre los 6 y 12 años, según recoge el PP en su propuesta.
Además, el PP destaca datos de UNICEF España en su informe 'Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades', señalando que el 26,8% de los adolescentes participó en 'sexting' pasivo y un 8% en 'sexting' activo, con un 11,4% reportando haber sufrido presiones para practicarlo. Respecto al 'grooming' --acoso de un adulto a un menor--, el 57,2% de los adolescentes aceptó en redes sociales a personas desconocidas, el 21,5% se reunió en persona con desconocidos y un 9,8% recibió proposiciones sexuales de un adulto. Además, la tasa de victimización de acoso escolar alcanza el 33,6% y la de ciberacoso el 22,5%, siendo las chicas más propensas a ser víctimas y los chicos más frecuentemente agresores, según el PP.
Los 'populares' aseguran que estas "alarmantes cifras" evidencian la necesidad de adoptar medidas para que las nuevas tecnologías sean una herramienta útil y evitar problemas como la adicción.
El PP advierte en su iniciativa que todas las personas que utilizan Internet no solo están expuestas a adicciones o situaciones de acoso, sino también a fraudes debido al desconocimiento de las medidas de seguridad necesarias para impedir el robo de datos personales y bancarios. Además, subraya que la facilidad de acceso a Internet y la falta de supervisión adecuada por parte de padres o educadores "puede llevar a algunos jóvenes a involucrarse en conductas delictivas, como la distribución de contenido malicioso o ciberacoso". Por ello, considera "crucial" educar en ciberseguridad y desarrollar marcos normativos y herramientas que refuercen la protección de los usuarios más vulnerables.
El PP también destaca que la Organización Mundial de la Salud advierte que el 15% de la población se considera adicta a las nuevas tecnologías y estos datos aumentan a medida que la edad disminuye, lo que, según subraya, en el futuro "tendrá consecuencias muy severas". Además, añade que "el 68,2% de los menores de edad que consumen pornografía lo hacen frecuentemente; el 10% de los jóvenes que consumen videojuegos sufren de adicción; y el 52% de los jóvenes piensan que pasan más horas al día de las que deberían en las redes sociales".
El Partido Popular destaca que en 2023, la Comunidad de Madrid "ayudó a más de 7.000 personas a través del Servicio de Atención de Adicciones Tecnológicas (SATT) para responder a la necesidad de asesorar y prevenir el uso inadecuado de las nuevas tecnologías por parte de los adolescentes de 12 a 17 años".
En este contexto, y dada la "gravedad" de este tema, el PP presenta esta proposición no de ley para implantar a nivel nacional un servicio similar "en la línea" del que se aplica en la Comunidad de Madrid.
Por todo ello, el Grupo Popular, dirigido por Miguel Tellado, ha registrado esta iniciativa para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones, en la que insta al Gobierno a "crear un Servicio Nacional de Atención de Adicciones Tecnológicas bajo la administración directa del Estado, que fomente el uso adecuado de las nuevas tecnologías y establezca medidas para la atención a las adicciones tecnológicas, con especial atención a los menores".