El Gobierno aprueba la condonación de 83.000 millones de deuda autonómica pese al rechazo de buena parte de las comunidades

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley orgánica que permitirá la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, lo que supondrá que el Estado absorba 83.252 millones de euros, aproximadamente una cuarta parte del endeudamiento autonómico de régimen común.

Desde el Ejecutivo aseguran que la medida no favorece a Cataluña, pero las cifras y el contexto político han despertado fuertes recelos en distintos territorios, que ven en esta iniciativa un guiño encubierto a las exigencias nacionalistas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la decisión alegando que beneficiará por igual a todas las regiones y que permitirá ahorrar entre 6.600 y 6.700 millones en intereses, destinados supuestamente a políticas sociales. Sin embargo, la realidad es que este movimiento traslada al conjunto de los contribuyentes una deuda que ha sido generada por la mala gestión económica de muchas autonomías, dejando en situación de agravio comparativo a las comunidades que han administrado con mayor rigor sus cuentas.

Distribución asimétrica

Montero ha explicado que el 75% del importe asumido por el Estado, unos 60.000 millones, se repartirá en función de la “población ajustada”, lo que dará lugar a una quita media del 19% de la deuda autonómica. Según los cálculos del Ejecutivo, Andalucía será la comunidad más beneficiada en términos absolutos, con 18.791 millones, mientras que la Comunitat Valenciana recibirá la mayor condonación por habitante, con 2.284 euros, y Canarias la mayor quita proporcional, del 50% de su deuda.

El Gobierno insiste en que “no hay ningún agravio” y que siete de cada diez euros condonados benefician a autonomías gobernadas por el PP. Con todo, el mensaje oficial choca con la percepción de que esta medida llega tras las negociaciones con los partidos independentistas catalanes, que han presionado en los últimos meses para lograr un alivio financiero que les permita reforzar su agenda política.

Un alivio coyuntural que no resuelve el problema de fondo

Más allá de las cifras, la condonación abre un debate sobre la responsabilidad en la gestión del dinero público. La propia Montero ha admitido que el Fondo de Liquidez Autonómica, que en teoría nació como un mecanismo temporal de ayuda en plena crisis, se ha cronificado hasta convertirse en una anomalía. Pese a ello, el Ejecutivo opta ahora por perdonar una parte sustancial de las deudas sin establecer garantías de que no se repita la misma dinámica de gasto descontrolado en el futuro.

El argumento de que la medida es voluntaria para las comunidades tampoco oculta lo evidente: tarde o temprano la mayoría de gobiernos regionales se acogerán, aunque sea a regañadientes, porque nadie renuncia a recibir un alivio financiero de tal magnitud. De este modo, el Ejecutivo central traslada un mensaje de impunidad que premia la irresponsabilidad y debilita la autonomía financiera real de las comunidades.

Calendario legislativo y horizonte político

El anteproyecto se someterá ahora a audiencia pública antes de pasar al Congreso, donde el Gobierno pretende que sea aprobado de manera definitiva en el primer trimestre de 2026. No obstante, el proceso dependerá del debate parlamentario y del juego de enmiendas, lo que añade incertidumbre al calendario.

El Ejecutivo presenta esta operación como un acto de “justicia territorial”, pero la iniciativa deja tras de sí más sombras que luces. Condonar deudas multimillonarias sin corregir los desequilibrios estructurales equivale a aplazar el problema, trasladando la factura al conjunto de los españoles y favoreciendo a quienes menos han cumplido con la disciplina presupuestaria.