Los argumentos a favor y en contra del fiscal general que analizará el Supremo

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra a la expectativa de la sentencia que dictará el Tribunal Supremo, que determinará si queda absuelto o condenado por una presunta revelación de secretos relacionada con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El juicio ha girado en torno a una serie de indicios esgrimidos por las acusaciones y cuestionados por la defensa, que el alto tribunal debe ahora valorar.

El eje temporal del caso

La investigación se ciñe al periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía General recibió la documentación completa relativa al procedimiento por presuntos delitos fiscales contra González Amador. Esa semana culminó con la publicación de una nota de prensa que detallaba el intercambio de correos electrónicos entre el abogado del empresario, Carlos Neira, y el fiscal encargado del asunto, Julián Salto.

El momento clave se sitúa la noche del 13 de marzo. A partir de las 21:29 horas, tras la publicación de una información de El Mundo según la cual la Fiscalía habría ofrecido un pacto al investigado, se sucedieron diferentes noticias y contra-noticias en otros medios. Minutos después, comenzaron los movimientos internos para recopilar la cadena completa de correos electrónicos, que fueron reenviados primero a las fiscales jefe madrileñas y finalmente al fiscal general, que los recibió en su correo personal. A la par, otros medios como La Sexta y la Cadena Ser publicaron informaciones que matizaban la versión inicial, apuntando a una propuesta de conformidad originada por la defensa del empresario. Las acusaciones sostienen que la filtración tuvo lugar en el mismo momento en que García Ortiz tuvo acceso al correo considerado clave por la investigación.

El debate sobre el borrado de datos

El segundo gran indicio que señalan las acusaciones es el borrado completo del contenido del teléfono móvil de García Ortiz el 16 de octubre de 2024, fecha en la que fue formalmente investigado. Días después habría cambiado de dispositivo y procedido a cerrar la cuenta de Gmail donde recibió la citada documentación. Para los investigadores, este comportamiento respondería a un intento de eliminar posibles rastros digitales. La defensa insiste, en cambio, en que se trata de procedimientos rutinarios de seguridad que aplica mensualmente y que el cierre de la cuenta respondió a la llegada de mensajes amenazantes.

La posición y el papel de los periodistas

Durante el juicio declararon doce periodistas, entre ellos profesionales de La Sexta, eldiario.es y El País, varios de los cuales señalaron que conocían la existencia de negociaciones antes de que el fiscal general accediera al correo electrónico. Aunque ninguno reveló sus fuentes, algunas declaraciones favorecieron la versión exculpatoria de García Ortiz, como la de Alfonso Precedo, que aseguró estar convencido de su inocencia, o la de José Manuel Romero, quien situó su fuente en la Fiscalía madrileña. Las acusaciones cuestionan la credibilidad de quienes afirman haber tenido una información significativa y no la publicaron de inmediato.

La noche de máxima tensión y la defensa del relato institucional

Para las acusaciones, la intensa actividad del fiscal general durante la noche del 13 de marzo constituye una prueba de su intención de difundir la información interna, llegando incluso a contactar con Salto mientras este asistía a un partido de la Liga de Campeones. La defensa argumenta que la urgencia se debió a la necesidad de frenar lo que consideraba una construcción mediática dañina contra la Fiscalía, basada en la idea de una negociación condicionada por motivos políticos.

La responsable de comunicación de la Fiscalía General, Mar Hedo, corroboró que, durante esas horas, se produjo una avalancha de peticiones informativas, en parte por los mensajes que la Comunidad de Madrid estaría trasladando a los medios, lo que justificó la preparación de una respuesta oficial. Finalmente, la Fiscalía emitió una nota de prensa el 14 de marzo detallando el contenido de los correos electrónicos, medida que las acusaciones interpretan como una acción encaminada a dar cobertura a la divulgación previa de información reservada.

La controversia entre mandos fiscales

El testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, supuso uno de los momentos más tensos del proceso. Según declaró, advirtió en varias ocasiones del riesgo de filtración desde la Fiscalía General e incluso llegó a preguntar directamente a García Ortiz si había sido él quien divulgó la información, algo que este niega. La defensa atribuye el distanciamiento entre ambos a motivos personales y de gestión interna.

El papel de González Amador y su entorno

Otro de los elementos analizados en el juicio es el correo del 12 de marzo, relativo a la posibilidad de acuerdo. Su contenido fue compartido por el propio González Amador con su asesor y posteriormente reenviado al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que lo difundió entre periodistas. Para la defensa, esta es la única filtración acreditada y demuestra que fue el propio empresario quien rompió la confidencialidad de la negociación.

El acceso a la documentación y el argumento final

La defensa subraya que más de 600 personas tenían acceso al expediente y a la cadena de correos electrónicos, lo que, en su opinión, hace improbable atribuir la filtración exclusivamente al fiscal general. Las acusaciones tachan esta explicación de inverosímil, por incluir teóricamente a personal completamente ajeno, como personal de limpieza, en el círculo de posibles responsables.

La sentencia del Tribunal Supremo será determinante para esclarecer si la actuación de García Ortiz se enmarca en una defensa institucional o, por el contrario, en una revelación de información reservada con trascendencia pública.