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Ezcurra acusa al Gobierno de “legislar a ciegas” con la regularización masiva de inmigrantes
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado este sábado el anuncio del Gobierno sobre la regularización de inmigrantes en situación irregular y ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está actuando “sin planificación y sin datos claros”.
En una declaración remitida a los medios, Ezcurra ha advertido de que España podría estar ante “la mayor operación de regularización masiva de toda Europa”, al plantearse la concesión de residencia a cientos de miles de personas. A su juicio, el procedimiento previsto permitiría solicitar la regularización acreditando la petición de protección internacional o cinco meses de estancia en El País, lo que, según ha dicho, puede generar “un nicho para el fraude documental”.
La dirigente ‘popular’ ha cuestionado además las cifras ofrecidas por el Ejecutivo. Mientras la ministra Elma Saiz habla de 500.000 personas afectadas, Ezcurra ha señalado que “organismos independientes” elevan la estimación a 900.000 y que la Policía Nacional la situaría en 1,2 millones. “¿Estamos legislando a ciegas?”, se ha preguntado.
También ha criticado que la mera presentación de la solicitud pueda suspender procedimientos sancionadores y expulsiones. Según ha denunciado, el proceso no exigiría certificado de antecedentes penales, sustituido por una declaración responsable, ni contrato de trabajo, formación o aprendizaje del idioma.
Impacto en comunidades y ayuntamientos
Ezcurra ha puesto el foco en el impacto que, a su juicio, tendría la medida en los servicios públicos. Ha señalado que, desde la entrada en vigor del real decreto, las personas regularizadas podrían empadronarse, escolarizar a sus hijos, acudir a centros de salud o solicitar prestaciones sociales, servicios que gestionan comunidades autónomas y ayuntamientos.
En este sentido, ha afirmado que la memoria económica del decreto indica que el proceso no tendrá coste presupuestario, algo que considera “irreal”, y ha criticado que no se haya consultado a las administraciones territoriales.
La vicesecretaria del PP ha defendido que España necesita “un sistema legal y ordenado” de inmigración vinculado al empleo y no, en sus palabras, “un atajo reglamentario que convierte la irregularidad en puerta de entrada automática a la residencia”. “Es una irresponsabilidad que España no se puede permitir”, ha concluido.
