Ayuso pide que no active el acuerdo con Mercosur sin proteger al campo español

La Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la Comisión Europea que no active de forma provisional el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur hasta que se garantice la protección de los agricultores y ganaderos españoles. La petición se produce tras conocerse que el Parlamento Europeo ha acordado denunciar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las dudas sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario, lo que supone en la práctica una paralización de la ratificación, pero no impide que la Comisión pueda aplicarlo provisionalmente.

A través de sus redes sociales, Díaz Ayuso ha subrayado que, si bien Mercosur representa “una gran oportunidad para Europa”, no lo será si se tramita “a espaldas del mundo rural”. En este sentido, ha instado al Gobierno de España a actuar en defensa de los intereses del sector primario, al que ha calificado como estratégico por su papel en la alimentación, el cuidado del medioambiente y la cohesión territorial.

Desde el Ejecutivo madrileño se insiste en que cualquier apertura comercial debe supeditarse a condiciones de reciprocidad, especialmente en lo relativo a los estándares de producción, controles sanitarios y normativas medioambientales. En opinión del Gobierno regional, los productores españoles deben competir en igualdad de condiciones con los países del bloque sudamericano, y no quedar expuestos a una competencia desleal.

Acuerdo con las organizaciones agrarias madrileñas

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, firmó recientemente un acuerdo con los principales representantes de las organizaciones profesionales del campo madrileño para coordinar una respuesta institucional frente al acuerdo con Mercosur. Novillo advirtió que no se puede permitir un modelo comercial que sacrifique al agricultor europeo, y reclamó una política agraria basada en la justicia y la sostenibilidad.

La Comunidad de Madrid se suma así a las voces críticas que, desde diferentes regiones y sectores productivos, cuestionan la aplicación unilateral del tratado, al tiempo que crece la preocupación por el impacto que tendría en la viabilidad económica del campo español, sometido ya a una presión creciente por los altos costes de producción y la sobrecarga normativa impuesta desde Bruselas.