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La Comunidad de Madrid se planta ante Montero y exige un nuevo modelo de financiación
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones formales contra el anteproyecto de ley orgánica impulsado por el Ejecutivo central para condonar parcialmente la deuda de las comunidades autónomas, una medida que, según el cálculo del Ministerio de Hacienda, supondrá la asunción por parte del Estado de más de 83.000 millones de euros.
En el caso de Madrid, la condonación prevista alcanza los 8.644 millones, cifra que el Ejecutivo regional rechaza por completo al considerar que rompe con el principio de igualdad y premia a las regiones más endeudadas.
Así lo ha expresado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante un encuentro con medios de comunicación en la sede de la Consejería, donde ha cifrado el coste de esta decisión en cerca de 500 euros por madrileño. Según ha denunciado, este anteproyecto “pervierte el objetivo último, que era volver a los mercados”, ya que premia el descontrol fiscal de ciertas comunidades a costa del esfuerzo presupuestario de otras como Madrid, que no se han acogido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y han mantenido sus cuentas saneadas.
Albert ha advertido de que el ahorro derivado de la mutualización de la deuda no puede destinarse directamente a gasto social sin perjudicar otras partidas ya comprometidas, y ha recordado que el propósito original de reducir intereses era avanzar hacia el equilibrio presupuestario. “Lo que se pretendía era reducir el déficit para que los mercados confiaran en la viabilidad de esas comunidades autónomas, no premiarlas sin contraprestaciones”, ha señalado.
El rechazo de Madrid no es nuevo. El pasado mes de mayo el Ejecutivo autonómico interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al considerar que se vulneraba el principio de igualdad recogido en la Constitución. La consejera ha denunciado además que dicho acuerdo fue aprobado sin el quórum necesario, ya que la mayoría de comunidades abandonaron la reunión al constatar que no se abordaría la reforma del sistema de financiación, sino únicamente la condonación de la deuda de Cataluña.
Albert ha vuelto a reclamar la creación urgente de un nuevo modelo de financiación autonómica, “moderno, transparente y justo”, que refleje de manera realista el peso económico de cada comunidad y evite que regiones como Madrid, siendo la que más aporta al sistema, reciban uno de los menores retornos por habitante. “Lo que se está pactando es un cupo bilateral con Cataluña, y la obligación de la ministra Montero es presentar una propuesta para todas las comunidades autónomas, no solo para las que son clave en la estabilidad parlamentaria del Gobierno”, ha advertido.
La Comunidad de Madrid insiste en que el actual modelo, prorrogado desde 2014, es obsoleto y genera desequilibrios que ponen en cuestión la solidaridad interterritorial y el principio de legalidad. “Todas las comunidades, al margen de su color político, están reclamando una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para trabajar sobre una propuesta basada en la igualdad y la cohesión territorial”, ha concluido Albert.
