La Comunidad ha ejecutado el 84,2% de las ayudas covid para empresas y autónomos

La Comunidad de Madrid ha ejecutado el 84,2 por ciento de las ayudas de la Línea estatal covid destinada a empresas y autónomos afectados por las consecuencias de la pandemia, por lo que se han distribuido 572 millones de euros entre 31.358 beneficiarios.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty ha comparecido este jueves en la Asamblea regional para hacer un balance de la gestión de estos fondos y ha detallado que, desde que se abrió el plazo el 1 de mayo, han sido registradas un total de 44.404 peticiones, de las que resultaron atendidas el 70,6 por ciento.

De las restantes, 9.960 fueron desestimadas y el resto (3.086) se desistió de continuar con la tramitación durante el proceso.

Además, del total de expedientes tramitados, tan sólo 667 demandantes (de los más de 44.400) han presentado recurso de reposición al no estar conformes con la resolución.

Fernández-Lasquetty ha recordado durante su intervención que la Comunidad de Madrid "ha sido la primera región en publicar esta convocatoria de ayudas y en comenzar a hacerlas llegar a empresas y autónomos".

De los más de 30.000 beneficiarios, 20.903 han sido autónomos y 10.455 empresas, ha concretado el consejero, que ha añadido que en el caso de los primeros, el importe global entregado ha ascendido a 87,2 millones de euros, con una media de 4.170; y las empresas han recibido 484,7 millones, con una media de 46.364 euros.

Los tres sectores que han percibido una mayor cuantía económica han sido la hostelería (34 por ciento), el comercio (27 por ciento) y servicios auxiliares (18 por ciento) y la actividad que ha logrado un mayor volumen de adjudicatarios ha sido el taxi, con 10.314 expedientes y un importe de 40 millones de euros, el 7 por ciento del total.

Tras exponer los datos, Fernández-Lasquetty ha calificado la gestión del Ejecutivo regional en esta materia de "ágil y eficaz" mientras que, en su opinión, los requisitos fijados en el Real Decreto del Gobierno central "resultaban restrictivos, complejos y rígidos" y excluía a la mitad de la actividad económica e "imponía un sistema de tramitación excesivamente farragoso".