El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de consulta pública para el Anteproyecto de Ley de Mercado Abierto para que, con carácter general, todo producto, empresa o autónomo establecido legalmente en España pueda operar libremente en la región, sin necesidad de solicitar ningún otro permiso o licencia de actividad.
Según ha informado el Gobierno regional se podrán realizar aportaciones desde hoy y hasta el próximo 17 de enero. Esta normativa tiene el objetivo de solucionar la fragmentación de la unidad de mercado, el exceso de regulación sobre los operadores económicos y las cargas administrativas que "son un problema para el desarrollo económico, debiendo éste ser impulsado en una economía de mercado por las empresas y los profesionales".
"La actividad económica necesita un entorno institucional que permita incentivar la cultura emprendedora y abierta a todos los operadores económicos que, tanto en los mercados de bienes como de servicios, cumplen sus respectivas normativas en cualquier lugar del territorio nacional", trasladan desde el Ejecutivo autonómico.
En este sentido, se persigue "un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas que simplifique la legislación existente, elimine las regulaciones innecesarias, establezca procedimientos más ágiles y minimice las cargas administrativas", en un entorno socioeconómico en que todas las empresas y profesionales de todas las Comunidades Autónomas puedan ejercer "con libertad" su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid, desde un enfoque basado "en la unidad de mercado y la calidad regulatoria".
De este modo, esta iniciativa legislativa pretende "renovar y reinterpretar" los objetivos originales de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, desde el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, haciéndolo compatible con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El impulso de la apertura de mercados es una iniciativa, a juicio de la Comunidad, "relevante para luchar contra las recesiones económicas y para el desarrollo que posibilite la financiación de los servicios públicos", más aún en un momento de crisis económica ocasionada por la pandemia de la Covid-19.