La Comunidad acusa al Gobierno central de impagos en transporte, justicia y medio ambiente

La Comunidad de Madrid ha cuantificado en más de 10.500 millones de euros la deuda acumulada del Gobierno central con la región desde 2019, correspondiente a servicios y prestaciones públicas que, según denuncia el Ejecutivo autonómico, no han sido financiados conforme a lo que establece el ordenamiento legal. Así lo ha denunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante un encuentro informativo con medios celebrado en la sede de su departamento.

Entre los incumplimientos más relevantes figura la financiación de la Ley de Dependencia, donde el Estado está obligado a asumir el 50% del coste, un compromiso que —según ha advertido Albert— nunca ha cumplido, obligando a las arcas madrileñas a cubrir más de 2.400 millones de euros adicionales en seis años. “Esta deuda repercute directamente en los madrileños, porque hablamos de recursos que deberían destinarse a mejorar los servicios públicos”, ha señalado.

Albert ha detallado también que el Gobierno central adeuda a la Comunidad más de 1.580 millones de euros por inversiones comprometidas en el Plan Hidrológico del Tajo, que contempla 221 actuaciones estatales en territorio madrileño aún sin ejecutar. A ello se suman 1.200 millones pendientes para las obras en las estaciones depuradoras de aguas residuales de La China, Butarque y Sur, declaradas de interés general del Estado, y fundamentales para cumplir con la normativa europea de depuración.

En el ámbito del transporte público, la consejera ha denunciado una deuda de 268 millones de euros con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), correspondiente al ejercicio de 2025, incluyendo tanto la subvención ordinaria como ayudas directas aún no satisfechas. Albert ha recordado además que durante la pandemia se aprobaron subvenciones extraordinarias al transporte, cuya financiación tampoco se ha ejecutado: “Se presume de subvencionar el transporte, pero es la Comunidad la que asume el 80 % del coste”, ha subrayado.

La lista de impagos incluye también 44 millones vinculados a la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, y otros 27 millones que debería abonar el Estado por la asistencia hospitalaria a presos en los centros penitenciarios madrileños. En todos los casos, se trata de competencias compartidas o de titularidad estatal que —según el Gobierno regional— están siendo financiadas de facto por Madrid, lo que supone un quebranto presupuestario y una desventaja comparativa respecto a otras comunidades.

Por otro lado, Albert ha alertado de la infrafinanciación sufrida por Madrid en el reparto de fondos europeos, al recibir sólo el 11,3 % del total asignado a las comunidades autónomas, pese a representar el 14,6 % de la población nacional. Esta diferencia habría supuesto un perjuicio de 950 millones de euros hasta abril de 2025. “Se está consolidando un modelo injusto en el que Madrid, que es la que más aporta al sistema, es también una de las que menos recibe”, ha concluido la consejera.