La Comunidad de Madrid invertirá más de 10,8 millones de euros para reforzar la protección del patrimonio gestionado por la Agencia de Vivienda Social (AVS), con el objetivo de prevenir ocupaciones ilegales y evitar daños o deterioros en promociones destinadas a familias con escasos recursos.
El Consejo de Gobierno ha conocido esta semana la adjudicación del nuevo contrato de seguridad, con una duración de 24 meses y posibilidad de prórroga hasta 2030.
El servicio cubrirá los cerca de 50.000 inmuebles que están en posesión de la AVS, así como los distintos centros de atención y registro que el organismo pone a disposición de los ciudadanos.
Actualmente, la Agencia gestiona 25.000 viviendas distribuidas en 119 municipios, que dan residencia a alrededor de 100.000 madrileños, además de locales, garajes y parcelas que también requieren vigilancia.
El Ejecutivo autonómico ha reforzado en los últimos años las medidas de protección, combinando personal de seguridad con sistemas disuasorios como alarmas y puertas antiocupación.
Además, el nuevo Reglamento de Vivienda, actualmente en tramitación y cuya aprobación está prevista para julio, incluirá que las personas condenadas por okupación no podrán acceder a una vivienda protegida en la región durante cinco años.
La normativa establecerá que quienes tengan una sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrán beneficiarse de un piso protegido si el delito se produjo en los cinco años anteriores a la solicitud.
La Comunidad de Madrid prevé construir más de 2.100 viviendas durante la presente legislatura. En la actualidad, cerca de 1.200 pisos están en fase de edificación en Majadahonda, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y Madrid capital.