El Gobierno de España propone eliminar las contraprestaciones económicas en las prácticas curriculares universitarias

El Gobierno ha planteado una modificación en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para evitar que los periodos de prácticas académicas curriculares en las universidades, tanto públicas como privadas, estén vinculados a contraprestaciones económicas o donaciones.

Esta propuesta ha sido presentada mediante una enmienda registrada en el Congreso de los Diputados por los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar, en el marco de la tramitación de la Ley de la Agencia Estatal de Salud.

El objetivo de esta medida es garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes universitarios a la hora de acceder a las prácticas académicas externas. PSOE y Sumar subrayan en su enmienda que es fundamental que las prácticas curriculares, al formar parte del plan de estudios, no impliquen transacciones económicas entre la universidad de origen y las instituciones receptoras, ya sea en forma de precios o donaciones.

Con esta propuesta, el Gobierno busca evitar que la capacidad económica de algunas universidades o centros de estudios condicione el acceso de los estudiantes a las prácticas, asegurando que todos tengan las mismas oportunidades independientemente de la institución a la que pertenezcan. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, esta iniciativa responde a una demanda tanto de estudiantes como de rectores de universidades públicas, que ven en la medida una forma de eliminar barreras económicas en la realización de prácticas curriculares.

El aumento del número de estudiantes universitarios ha generado presión sobre las universidades españolas para encontrar suficientes plazas de prácticas en empresas, instituciones y otras entidades. Por ello, la enmienda pretende facilitar el acceso equitativo de los estudiantes a estas oportunidades, subrayando la importancia de las prácticas formativas en el desarrollo académico.

Los proponentes de la enmienda recuerdan que ya existe un precedente similar en la Formación Profesional (FP), donde la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores modificó la Ley de la FP para garantizar que los estudiantes no afronten este tipo de cargas económicas durante sus periodos de formación práctica. El Gobierno pretende ahora extender esta medida al ámbito universitario, asegurando que los acuerdos entre universidades y empresas o entidades garanticen el acceso efectivo de todos los estudiantes a las prácticas externas, sin que estas impliquen una contraprestación económica.

La enmienda presentada propone modificar el artículo 9 de la LOSU, que regula la estructura de las enseñanzas oficiales universitarias. Con esta modificación, las universidades, ya sean públicas o privadas, deberán establecer acuerdos con empresas, instituciones y entidades, tanto nacionales como extranjeras, para asegurar que los estudiantes puedan realizar sus prácticas externas. Además, se especifica que dichas prácticas curriculares no podrán estar vinculadas a ningún tipo de contraprestación económica o donación por parte de las universidades, directamente o a través de sus fundaciones u organizaciones asociadas.