Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, ha manifestado su apoyo a la reducción del horario lectivo para los docentes, aunque ha condicionado su aplicación a una mejora de las circunstancias económicas actuales. Este compromiso lo ha expresado durante una visita al CEIP Joaquín Costa, en un contexto marcado por las tensiones con los sindicatos docentes y las movilizaciones que estos han convocado.
El consejero ha hecho estas declaraciones tras una concentración de docentes frente a la sede de la Consejería, organizada por CC.OO, UGT, CSIF y ANPE, que también han anunciado huelgas para los próximos 8 y 21 de mayo. Estas acciones se enmarcan dentro de las negociaciones para el nuevo Acuerdo Sectorial Docente, que hasta la fecha no han registrado avances significativos.
Viciana ha destacado la disposición de su departamento para dialogar y alcanzar un acuerdo, reiterando la buena relación con los sindicatos. Sin embargo, ha lamentado la falta de progreso en las conversaciones desde el último encuentro el 8 de abril, que desencadenó la convocatoria a paro. A pesar de reconocer la demanda sindical como sensata, ha insistido en la necesidad de implementar cualquier cambio de manera progresiva y responsable, mencionando otros esfuerzos como la reducción de ratios, que requieren un importante presupuesto.
El consejero también ha señalado que la propuesta rechazada por los sindicatos el pasado 8 de abril sugería reducir las horas lectivas de los docentes de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de 20 a 19 horas semanales para el curso 2026/27, como parte de un plan más amplio que afectaría a todo el sector educativo a lo largo de la legislatura.
Además de la reducción de horas, los sindicatos demandan la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, una bajada de ratios, mayor dotación de recursos para la atención a la diversidad y un plan de acción contra la burocracia excesiva. Aunque el consejero ha expresado su apertura al diálogo, ha hecho hincapié en que cualquier avance está sujeto a la disponibilidad económica de la comunidad, postergando de momento la aplicación de medidas concretas hasta que la situación financiera lo permita.