La Comunidad de Madrid destinará ayudas a la rehabilitación de viviendas a lo largo de esta legislatura con un valor de casi 100 millones de euros, ha informado este jueves el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, que también ha anunciado un nuevo reglamento para darle flexibilidad a las viviendas protegidas.
Así lo ha manifestado el consejero tras una reunión con la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Madrid, Isabel Bajo, encuentro que Pérez ha calificado de "satisfactorio", y en el que "se han abierto muchas líneas de colaboración" entre los colegiados y la comunidad.
"Hemos hablado de rehabilitación, de la necesidad de colaborar tanto en el aspecto de conservación de viviendas como de eficiencia energética, y también de accesibilidad. Ahí estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid a través del Consejo de Accesibilidad", ha explicado Pérez.
Pérez ha reiterado que el Gobierno autonómico "destinará a lo largo de esta legislatura casi 100 millones de euros a la rehabilitación de viviendas y apostará decididamente por programas de ayudas específicas que promuevan su rehabilitación integral".
En la reunión, también han charlado sobre la situación del alquiler en la región y sobre la "necesidad de abordar una colaboración en aspectos como la okupación ilegal, el alquiler vacacional, la seguridad o en general el cumplimiento de la legalidad", ha añadido el consejero.
"Y también algo importantísimo para nosotros -ha apostillado Pérez-: el arbitraje y la mediación. Este Colegio se va a integrar a través de una colaboración con nuestras políticas para poder mejorar esa capacidad que tenemos de buscar soluciones arbitradas y medidas entre unos y otros", ha anunciado el consejero de Vivienda y Administración Local.
También ha transmitido a Isabel Bajo uno de los principales objetivos del Ejecutivo madrileño, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, en cuanto a la generación de nuevas fincas urbanas en la Comunidad de Madrid: el Plan Vive Madrid, que tratará de poner en el mercado 25.000 viviendas en los próximos 8 años, además de generar seguridad jurídica en el ámbito de la promoción.
Asimismo, la comunidad tramitará un nuevo Reglamento de Vivienda Protegida que, entre otras características, incluirá una reducción de carga burocrática para lograr una vivienda protegida más flexible, con menos limitaciones y restricciones para su promoción, acceso y transmisión.