El Gobierno de Cristina Cifuentes deberá afrontar el pago de casi 8,3 millones de euros por el IVA no pagado tras la extinción de la sociedad Campus de la Justicia en febrero de 2015, cuando aún gobernaba Ignacio González, cifra en la que se incluyen intereses de demora y una sanción por el retraso.
El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar esta cantidad a los pagos que exige la Agencia Tributaria por la transmisión de los activos con los que contaba la sociedad Campus de la Justicia en Valdebebas cuando fue extinguida: el Instituto de Medicina Legal (IML) y el túnel subterráneo construido.
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, la Agencia Tributaria estima la transmisión del IML en 17.799.000 euros, por lo que habría que haber pagado 3.700.000 euros de impuestos; y en cuanto a la infraestructura subterránea, la valoración alcanza casi los 19 millones de euros, por lo que el IVA correspondiente asciende a casi 4 millones.
A estos 7,6 millones de IVA no satisfecho en su momento hay que Sumar unos intereses de demora de 671.000 euros, y una sanción tributaria por las declaraciones correspondientes a 2014 cuyo importe se puede reducir un 25 % si se abona en plazo, lo que lo deja la multa en 12.400 euros.