La Comunidad de Madrid ha abierto un proceso destinado a rescindir los contratos con las residencias de mayores Leganés, Peñuelas y Ensanche de Vallecas, que gestiona de forma indirecta la empresa Aralia, por incumplimiento "muy grave" de contrato.
Así lo ha explicado este lunes el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien ha explicado a la prensa que el motivo de los procedimientos es la subcontratación que supuestamente hizo Aralia en la navidad pasada de personal de enfermería para el contacto directo con los mayores ingresados en las residencias, lo cual -ha precisado- está prohibido de forma expresa en los pliegos del contrato.
En sus declaraciones, realizadas en la sede de la Consejería, Reyero ha dicho que los tres procedimientos fueron iniciados la semana pasada y que la empresa tiene diez días para presentar sus alegaciones.
El expediente ha sido iniciado a partir de las visitas de inspección a las residencias en el marco de los mecanismos de control establecidos por la Consejería y a quejas de los familiares por la atención deficiente en dichos centros, ha dicho el consejero.
Según Reyero, mañana, martes, se reunirá con las familias de los mayores ingresados en estas residencias y con los comités de empresa de las residencias.
El consejero ha destacado que una de las prioridades de su gestión es la mejora de la atención de las personas mayores en las residencias, y ha insistido en que la apertura de este procedimiento demuestra que "la Consejería será firme al garantizar la atención a los mayores y que se cumplen los pliegos de lo contratos".
"Seremos firmes porque es la única vía que tenemos para garantizar el buen servicio que deben prestar las empresas privadas", ha afirmado el consejero, y ha añadido que la administración apoya la colaboración público-privada pero aplicando "el mayor rigor y control en los contratos".
Si los contratos fuesen rescindidos, la empresa no podría contratar durante tres años con la Comunidad de Madrid, aunque estaría obligada a prestar el servicio contratado hasta la licitación y adjudicación de contratos nuevos para la prestación del servicio con otras empresas.
La empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, del empresario José Luis Ulibarri, ha recibido desde septiembre pasado cinco de las siete sanciones impuestas desde septiembre pasado a varias residencias por parte de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.