El Defensor del Pueblo exige a la Comunidad mejoras en el centro de Hortaleza

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, trasladó el pasado mes de junio a la Comunidad de Madrid la necesidad de mejorar el centro de primera acogida de menores de Hortaleza, reclamando más plazas y nuevas medidas para proteger a los niños que allí residen.

En un comunicado, la institución señala que, tras visitar en varias ocasiones el centro -la primera de ellas en mayo de 2016-, constataron que la "sobreocupación" es "frecuente y constante", que se suma a la falta de mecanismos de respuesta "rápidos" en condiciones "dignas" y a una permanencia "excesiva" en el mismo.

"La saturación de los recursos materiales y la falta de personal pueden estar en la base de algunos conflictos que se producen", recalca el Defensor del Pueblo.

La institución recuerda que en junio pidió a la Consejería de Políticas Sociales y Familia información sobre las medidas previstas para evitar la sobreocupación del centro, la proporción de menores de nacionalidad española y extranjera, así como el número de menores que permanece más de un mes en el centro.

También se interesó por las limitaciones a las salidas y entradas del centro en caso de conflictos, el acceso a la educación en esta fase; el número de menores que acuden al Centro de Atención a las Adicciones; y la ratio de menores por educador.

Además constató que "la fase de ingreso y valoración en este centro no consigue sus objetivos y no protege bien los derechos de los menores ni resulta adecuada", ya que su duración es "excesiva" y la escasez de recursos no permite dar una atención individualizada y específica.

En opinión del Defensor del Pueblo, la primera acogida debe atender las necesidades básicas, psicosociales y específicas de todos los menores con un alojamiento "adecuado", y una atención individualizada adaptada a su perfil.

Por ello, considera necesario repensar "cómo se está realizando la primera acogida de menores", y en particular de los menores extranjeros no acompañados, para ofrecerles la atención que necesitan hasta que sean derivados a recursos "más estables".

Según la institución, estos menores deberían pasar el menor tiempo posible en el centro de primera acogida, por lo que la evaluación de las necesidades de cada uno de ellos debe hacerse "en un tiempo razonable que no debe demorarse durante varios meses".

Para ello, subraya el Defensor, es necesario contar "con medios humanos y materiales suficientes" que permitan realizar esa evaluación.

En esta línea, ha instado al Gobierno regional a crear nuevas plazas para esa primera fase y para la organización del centro, en el que reclama también la puesta en marcha de programas y actividades educativas y de ocio "que mantengan ocupados a los menores y contribuyan a evitar conflictos", como que se escapen del inmueble o que consuman drogas.

El Defensor del Pueblo recuerda que la Ley de Protección del Menor obliga a la administración autonómica a regular el régimen de funcionamiento de los centros de acogimiento residencial (incluidos los de primera acogida), en cuanto a seguridad, accesibilidad, número de menores o ratio.