El posible desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años residente en el distrito de Retiro desde hace siete décadas, ha provocado una nueva polémica política en la capital. El portavoz de Más Madrid en funciones, Eduardo Rubiño, ha llamado a la ciudadanía a movilizarse este miércoles para intentar frenar el lanzamiento, tras una subida del 300% en el precio del alquiler por parte de un fondo que adquirió la propiedad.
“Maricarmen lleva 70 años viviendo en su misma casa y está a punto de ser desahuciada, si nada lo impide”, ha señalado Rubiño en la rueda de prensa previa al Pleno municipal. La convocatoria ha partido del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha citado a los vecinos a las 8:30 horas frente al domicilio de la afectada, en la calle Sainz de Baranda, para tratar de impedir el desalojo.
El dirigente de Más Madrid ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de ser cómplice de estas situaciones por “no hacer nada” para proteger a los inquilinos y por favorecer, a su juicio, a los grandes tenedores con políticas como el Plan Reside, al que ha calificado como “Plan Expulsa”. Rubiño sostiene que estas medidas contribuyen a “perpetuar la expulsión de los vecinos” y a facilitar que los edificios terminen destinados al turismo o a la inversión especulativa.
Asimismo, ha instado al Gobierno central a avanzar en la tramitación del real decreto impulsado por Sumar para frenar la escalada del precio de los alquileres, y ha reclamado al Congreso que dé curso a la proposición de ley del alquiler indefinido, una medida que su formación lleva tiempo defendiendo como garantía de estabilidad para los inquilinos.
Desde el equipo de Gobierno municipal, el alcalde Almeida ha evitado la confrontación directa con el caso, pero ha asegurado que Maricarmen puede y debe acudir a los Servicios Sociales municipales y a la Junta del Distrito de Retiro para recibir orientación y apoyo. “Estoy seguro de que ante una situación de estas características, con 87 años y más de 60 en esa vivienda, nuestros Servicios Sociales sabrán darle la orientación y los recursos necesarios para poder sobrellevar una situación de estas características”, ha afirmado desde Los Ahijones.
Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos han denunciado que el caso de Maricarmen no es aislado. Según explican, son ya cientos los inquilinos que se enfrentan a subidas abusivas o directamente a la expulsión de sus hogares cuando los propietarios, en su mayoría fondos de inversión, se niegan a renovar los contratos o imponen condiciones inasumibles. Ante ello, muchos optan por seguir abonando el alquiler anterior o por consignar el pago en los juzgados, mientras resisten en sus casas.
El sindicato insiste en que la solución pasa por una reforma legal que introduzca contratos de alquiler indefinidos, frente al actual modelo renovable cada cinco o siete años. “Los contratos indefinidos son clave para que no puedan expulsarte de tu casa tras 70 años viviendo en ella o para poder hacer proyectos de vida estables”, han señalado, al tiempo que llaman a respaldar la movilización de este miércoles.