El Defensor del Pueblo pregunta al Ayuntamiento por las medidas para evitar el incremento de polución

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid por las medidas que piensa implantar para evitar el incremento de la polución en la ciudad, en el caso de entre en vigor la moratoria en la imposición de multas en el área de Madrid Central.

El cogobierno del PP y Ciudadanos establecerá desde el 1 de julio la moratoria de multas en Madrid Central, aplicando el artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, lo que supondrá volver al período de aviso, en el que quienes infrinjan la normativa serán alertados pero no sancionados.

Fernández Marugán ha pedido información al Ayuntamiento de Madrid sobre sus planes en relación a Madrid Central, en el marco de la actuación de oficio que tiene abierta sobre la contaminación atmosférica en la capital.

La institución ha recibido con preocupación el anuncio, por parte del nuevo equipo de Gobierno municipal, de una posible moratoria en la imposición de multas en el área de Madrid Central.

En opinión del Defensor, dicha moratoria supondría en la práctica desvirtuar la eficacia de dicho plan.

El Defensor del Pueblo ha preguntado también por el instrumento jurídico que se pretende utilizar, en su caso, para aprobar la moratoria y cuál sería la tramitación administrativa del mismo.

Además, ha solicitado información sobre la motivación de esta decisión y una copia del estudio realizado por el Ayuntamiento sobre la evolución de la contaminación desde la entrada en funcionamiento de Madrid Central y del estudio elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid sobre el descenso de emisiones contaminantes en dicha zona.

En el escrito remitido al Consistorio, el Defensor del Pueblo recuerda que la puesta en marcha de Madrid Central fue uno de los motivos por los cuales el Estado español evitó las acciones de la Comisión Europea por incumplimiento de la norma comunitaria en materia de calidad del aire.

La institución advierte de que el incremento de los niveles de contaminación en Madrid podría conllevar sanciones por parte de las autoridades comunitarias contra el Estado español.

Por ello, también ha requerido una copia de la documentación sobre el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, incluida aquella donde se reflejen las medidas que el Ayuntamiento se ha comprometido a implantar para evitar la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la respuesta de la Comisión.

Por último, y teniendo en cuenta las repercusiones de esta decisión a nivel regional e incluso nacional, el Defensor también pedido información acerca de si se han realizado consultas a otras administraciones sobre esta decisión.