Izquierda Unida pide frenar la Operación Chamartín para proteger el interés general

Izquierda Unida ve "imprescindible frenar" la Operación Chamartín, el desarrollo urbanístico del norte de Madrid, porque a su juicio se pone en riesgo el interés general al no estar garantizada la "gestión eficiente del patrimonio público" y por las "regalías" al promotor privado, Distrito Castellana Norte.

Así lo defienden en una tribuna publicada este lunes en El País el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón y Carlos Sánchez Mato, concejal en el Gobierno de Manuela Carmena en Madrid, que piden frenar la operación y dar acceso a la documentación.

Ambos aseguran que las renovaciones de los contratos firmados entre Adif, propietaria de la mayoría de los terrenos y la promotora Distrito Castellana Norte -formada por el BBVA y la Constructora San José- para la venta del suelo y su posterior urbanización "han permitido hacer un gran negocio privado a costa de lo público".

Y aluden a un informe jurídico de Renfe que en 2011 llamaba a resolver el convenio al ser "lesivo", que según ambos dirigentes no impidió que se incrementasen "las regalías" a DCN.

Este partido defiende que con el precio acordado por los suelos Adif deja de ganar 1.000 millones de euros y ve un "perjuicio económico" en el plazo de 20 años para pagar, con un recargo del 3 % anual.

También critican que las administraciones asuman la construcción de "infraestructuras singulares" y también el pago de indemnizaciones a los antiguos propietarios, a quien se expropió este suelo, en caso de existir

Por ello defienden que el "verdadero problema es seguir adelante" con este proyecto, que, denominado ahora Madrid Nuevo Norte y pendiente desde hace dos décadas, está previsto que llegue al pleno del Ayuntamiento de Madrid para su aprobación el próximo mes de marzo.

Pese a que el Gobierno de Manuela Carmena ha reducido la edificabilidad respecto al plan del PP, esta operación divide a su grupo, con tres ediles de IU y otros tres de Ganemos y Anticapitalistas, que también se oponen tres.

Los críticos ven en esta operación un pelotazo urbanístico, unas divisiones que se agravan debido a la cercanía de las elecciones y la crisis abierta entre Podemos y Más Madrid.