El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, y el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, han suscrito este lunes un protocolo de actuación para acometer las obras necesarias en las depuradoras de La China, Butarque y Sur, instalaciones clave para el saneamiento de la capital.
El acuerdo, que cuenta también con la participación del Canal de Isabel II, establece el compromiso conjunto de avanzar en la ejecución y financiación de las infraestructuras hidráulicas necesarias, ante la pasividad del Gobierno central. Las actuaciones, que implican una compleja reorganización operativa y técnica, se ejecutarán sin interrumpir el funcionamiento de las instalaciones, lo que obliga a una planificación a largo plazo.
Carabante ha recordado que estas obras fueron declaradas de “interés general” por el Estado en 2009, con una estimación inicial de 400 millones de euros, y que la Administración General del Estado debía ejecutarlas y financiarlas en su totalidad. Sin embargo, ha denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente no ha pasado de las fases preliminares, como estudios de impacto y anteproyectos, y que, en todo este tiempo, “no ha cumplido con sus obligaciones”.
El retraso acumulado ha provocado que el coste actual de las actuaciones supere ya los 1.200 millones de euros, triplicando la estimación inicial. A lo largo de estos años, el Ayuntamiento de Madrid ha remitido más de veinte escritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sin obtener una respuesta eficaz.
Frente a la inacción del Estado, el Consistorio sí ha cumplido con los compromisos adquiridos en el protocolo de 2009, invirtiendo más de 1.000 millones de euros en actuaciones en otras instalaciones como Viveros de la Villa, Gavia, Sur Oriental, Rejas y Valdebebas. Estas dos últimas representan, además, la mayor inversión municipal en materia de saneamiento, con más de 126 millones destinados a su reforma integral.
Las ocho depuradoras de titularidad municipal vierten sus aguas en el área del Embalse del Rey, declarada zona sensible por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en 2023. Para cumplir con los objetivos ambientales fijados en los planes hidrológicos del Tajo, se requiere una actualización de los sistemas de tratamiento, lo que refuerza la urgencia de acometer las obras paralizadas.
Desde 2019, el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha invertido cerca de 200 millones de euros en mejoras de infraestructuras hídricas, con 45 actuaciones, de las cuales ya han finalizado 32. El nuevo protocolo busca desbloquear una situación prolongada de incumplimiento estatal que, según Carabante, “no puede seguir perjudicando a los madrileños ni al medio ambiente”.