Madrid empieza a limpiar 30.000 metros cuadrados de grafitis en la M-30

Madrid empieza a limpiar 30.000 metros cuadrados de grafitis en la M-30

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado este lunes la campaña de eliminación de pintadas vandálicas en el entorno de la M-30 que se desarrollará durante dos meses y que supondrá la retirada de más de 30.000 metros cuadrados de grafitis de los muros y paredes de la circunvalación.

Además, el área de Medioambiente y Movilidad va a incrementar por primera vez de una a cuatro las campañas anuales de limpieza de grafitis que se realizan en este entorno de la M-30 con el objetivo de evitar que sus autores se centren en este paisaje urbano, explica el Consistorio en un comunicado.

Para reducir estos actos vandálicos se llevarán a cabo otras actuaciones como la plantación de vegetación para dificultar el acceso a los muros y reducir su visiblidad, de manera que resulte "menos apetecible" hacer una pintada.

El delegado Borja Carabante y la consejera delegada de Madrid Calle 30, Rosalía Gonzalo, han asistido esta mañana al inicio de la campaña que consiste en retirar los grafitis tapándolos con pintura y que se incluye en el servicio de mantenimiento que se abona a la empresa de conservación.

Al margen de la circunvalación, la eliminación de pintadas en toda la ciudad forma parte del contrato de limpieza integral que depende de la dirección general de Servicios de Limpieza y Residuos del área de Medioambiente y Movilidad.

El coste anual derivado de la limpieza de grafitis es de aproximadamente 2.645.000 euros, pero varía cada año en función de las necesidades de la ciudad, y cada día son necesarios 28 operarios con 24 vehículos para poder llevar a cabo esta labor diariamente en todo Madrid.

La nota recuerda que el Consistorio ha aumentado el importe de las sanciones, que la ley permite que oscilen entre los 300 y los 3.000 euros -en caso de reincidencia el importe se puede duplicar-, medida que comenzó a aplicarse en diciembre de 2019.

De este modo, por ejemplo, las pintadas en cierres comerciales o elementos asociados a actividades económicas, la multa ha pasado de 500 a 1.000 euros, y de 300 a 600 en el caso de mobiliario urbano, muretes, pilares y puertas.