El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a evidenciar este martes la fractura política en torno a las políticas de familia e igualdad tras el debate de una iniciativa de VOX sobre el denominado síndrome de alienación parental. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha respondido a la formación de Santiago Abascal, en línea con Más Madrid y el PSOE, que dicho síndrome “no existe y no está reconocido por la comunidad científica”.
La concejala de Vox Carla Toscano ha defendido en el hemiciclo que la alienación parental consiste en la manipulación de los hijos por parte de uno de los progenitores para predisponerles contra el otro. En su intervención, ha reclamado al Partido Popular que “se quite las gafas moradas” y abandone lo que ha calificado como “milongas feministas”.
Desde el equipo de Gobierno municipal, José Fernández ha rechazado de forma tajante ese planteamiento y ha insistido en que no existe ningún respaldo médico ni científico al concepto. Ha subrayado que no figura en manuales diagnósticos oficiales ni cuenta con reconocimiento por parte de organismos internacionales, recordando que la Organización Mundial de la Salud no lo reconoce como trastorno mental ni como diagnóstico clínico.
La concejala socialista Meritxell Tizón ha lamentado que Vox utilice este tipo de iniciativas, que a su juicio suponen “un nuevo ataque a los derechos” y un intento de retroceder en los avances logrados en igualdad y en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ha coincidido en que el supuesto síndrome carece de reconocimiento institucional y ha denunciado que durante años se haya empleado en el ámbito judicial para cuestionar a madres que denunciaban violencia machista o intentaban proteger a sus hijos.
Desde Más Madrid, Lucía Lois ha recurrido a la ironía para criticar la propuesta de Vox, a la que ha vinculado con lo que considera una ofensiva ideológica contra las mujeres. La edil ha sostenido que el síndrome de alienación parental es un concepto sin base científica que ha sido utilizado para desacreditar a víctimas de violencia machista.
El debate ha servido para que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida fijara una posición clara en este asunto, alineándose con el consenso científico y sanitario y marcando distancia con las tesis defendidas por Vox. Desde el área de Políticas Sociales se insiste en que las actuaciones municipales deben basarse en criterios técnicos y en el respeto a los derechos de los menores, sin introducir conceptos que carecen de reconocimiento profesional y que han generado controversia en el ámbito judicial y social.