Los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 15 de julio, se concentrarán este jueves frente a la Junta de Accionistas de Tragsa para reclamar el inicio inmediato de una negociación que permita desbloquear el conflicto laboral que arrastran desde hace casi cinco meses. El objetivo central es la firma de un nuevo convenio colectivo que sustituya al vigente desde 2012 y que ponga fin a la precariedad del servicio, según ha informado el Comité de Huelga en un comunicado.
La movilización, una de las más prolongadas del sector público, se sostiene sobre varias reivindicaciones clave: el reconocimiento de la estabilidad laboral, la mejora de las condiciones retributivas y la aplicación efectiva de medidas de protección frente a agentes cancerígenos. Sin embargo, el comité denuncia que Tragsa continúa negándose a abrir un proceso de diálogo, escudándose en “motivos organizativos”, pese a que un informe de la Autoridad Laboral confirmó en verano que la empresa pública está plenamente capacitada para negociar un convenio propio.
Los trabajadores acusan a la dirección de la empresa estatal de bloquear sistemáticamente cualquier avance, limitando las reuniones a momentos de presión mediática, como los picos de incendios del verano, sin presentar propuestas concretas. Esta falta de voluntad negociadora, advierten, compromete ya la planificación de la campaña de incendios del próximo año. A ello se suma el malestar por los beneficios récord obtenidos por Tragsa —87 millones de euros en 2024, con previsiones al alza— mientras los bomberos forestales perciben salarios mensuales que rondan los 1.300 euros pese a tratarse de trabajos de alto riesgo.
Otro punto de fricción es el incumplimiento en la Comunidad de Madrid de la Ley Básica del Bombero Forestal, aprobada a nivel estatal hace más de un año. El Comité critica que dicha normativa, destinada a profesionalizar el sector y reconocer su labor dentro del sistema de emergencias, sigue sin aplicarse en la región, en una muestra más del abandono institucional que denuncian.
La protesta de este jueves coincidirá con la Junta de Accionistas de Tragsa, en la que participarán altos cargos de la administración estatal y autonómica. El colectivo busca visibilizar su situación y trasladar la responsabilidad política del conflicto, que consideran inseparable de la seguridad ambiental de la región. Como muestra del apoyo ciudadano, la huelga ha recibido ya más de 15.000 euros en aportaciones a través de una campaña de financiación colectiva. Además, más de 15 sedes de Tragsa en toda España amanecieron este miércoles con pintadas de apoyo a los bomberos forestales madrileños.
El Comité de Huelga ha acusado a la empresa de vulnerar derechos fundamentales al negarse a negociar, recordando el deber de diálogo recogido en el artículo 37.1 de la Constitución y en los artículos 6 y 8 del Real Decreto-ley 17/1977. Pese al bloqueo, los bomberos forestales mantienen su disposición a alcanzar un acuerdo. “La negociación es la única vía”, insisten, alertando de que ignorar el conflicto supone un riesgo directo para la seguridad ambiental y la protección del patrimonio natural en la Comunidad de Madrid.