El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido al Gobierno de España y al PSOE de las posibles consecuencias de ignorar las acusaciones formuladas por Víctor de Aldama, presunto conseguidor en el conocido como 'caso Koldo'. Durante su intervención en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), Almeida aseguró que quienes han desafiado a De Aldama hasta ahora han "salido perdiendo".
Las declaraciones del alcalde llegan después de que el empresario afirmara en una entrevista con Cope que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, señalando la existencia de supuestas cuentas en el extranjero de varias figuras socialistas, entre ellas Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero; y la esposa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
"Estamos hablando de presuntos hechos gravísimos que no se pueden despachar como pretende hacer el Gobierno de España diciendo que no hay que hacerle ningún caso", declaró Almeida, reclamando una investigación que arroje luz sobre las acusaciones.
El alcalde recordó varios episodios en los que De Aldama habría respaldado sus palabras con pruebas documentales. "La ministra de Hacienda dijo que iba a poner la mano en el fuego, y ya sabemos que el jefe de gabinete se reunió con los enviados de Víctor de Aldama. Reyes Maroto le retó a que enseñara whatsapps y él enseñó los whatsapps. Pedro Sánchez dijo que no le conocía, y ya sabemos que sí le conocía", enumeró Almeida, subrayando los riesgos de subestimar las declaraciones del empresario.
El 'caso Koldo' hace referencia a una serie de presuntas irregularidades y relaciones entre figuras del Gobierno y el empresario Víctor de Aldama, señalado como un intermediario en operaciones de dudosa transparencia. Aunque el Ejecutivo central ha tratado de desestimar las acusaciones, las declaraciones del empresario han suscitado atención mediática y política, especialmente entre las filas de la oposición.
Almeida aprovechó el foro de Fitur para reiterar su petición de transparencia y la necesidad de que las instituciones respondan de manera firme ante las acusaciones que puedan afectar la credibilidad del Gobierno y de los representantes públicos.