La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha culpado este jueves a la portavoz de VOX, Rocío Monasterio, de poner "líneas rojas" para negociar los presupuestos de 2020, y le ha instado a que responda cuánto se podrá elaborar el proyecto.
En la sesión de control de la Asamblea de Madrid, Monasterio ha preguntado a Ayuso "hasta cuándo va a tener a los madrileños sin un nuevo presupuesto", a lo que la presidenta ha respondido: "Dígamelo usted".
La intención de Ayuso es aprobar los presupuestos y ha asegurado que "quien no quiera va a tener que explicarlo".
El PP y Ciudadanos necesitan los votos de Vox para aprobar las cuentas para 2020, y la semana pasada el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, apostó por no elaborar las de este año y comenzar a negociar las de 2021.
La portavoz de Vox ha criticado que PP y Ciudadanos hayan decidido prorrogar las cuentas de 2019, algo que rechazaba el partido de Santiago Abascal, que se ha ofrecido "infinitas veces" a negociar.
"No sabemos si tenemos bloqueada la Comunidad porque ustedes no se ponen de acuerdo o porque simplemente no se quieren sentar", ha resaltado.
Uno de los requisitos para que Vox apoye los presupuestos es la implantación del 'pin parental', una medida que tiene al colectivo LGTBI "muy preocupado", ha indicado el portavoz en funciones de Unidas Podemos, Jacinto Morano.
El parlamentario ha interpelado a la presidenta por el cumplimiento de las leyes LGTBi, a lo que Ayuso ha respondido que, si bien hay artículos de estas normas autonómicas que no le gustan, "en ningún caso" ha dicho que "no se vayan a cumplir".
Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha preguntado a la mandataria por el "ayusazo" de 145 millones de euros de recortes en las diferentes consejerías, incluido una disminución del 5 % de las partidas contra la violencia machista.
"Mientras Vox pone en la diana en las mujeres y bloquea las declaraciones institucionales del 8M, el PP se dedica al trabajo sucio y recortar en la lucha contra la violencia machista", ha sostenido.
"Si (recortar) es no alimentar a redes clientelares donde refugiarse mientras gobierna el adversario, pues sí, vamos a reorientar el gasto que tiene que ver con ese tipo de redes que tanto le gustan a su jefe (Íñigo Errejón)", ha afirmado Ayuso, quien ha destacado que el Gobierno madrileño destina 9 de cada 10 euros a gasto social.
El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha reprochado a Ayuso estar incumpliendo la ley de Buen Gobierno y Profesionalización de la Gestión de los Centros Sanitarios, aprobada en 2017, al no designar y renovar a los gerentes de siete hospitales madrileños.
La presidenta ha expresado que la norma, que contempla dotar a los centros de "más autonomía" y mejorar su funcionamiento, está pendiente de desarrollo reglamentario "lo antes posible".
Por otro lado, la Asamblea ha votado la toma en consideración de dos leyes, la primera de medidas de profundización democrática, presentada por Unidas Podemos, que plantea limitar a un máximo de ocho años el mandato de los miembros del Gobierno regional.
La iniciativa ha sido respaldada por todos los grupos salvo el PP, que ha votado en contra a pesar de que ya acordó este punto con Ciudadanos en la anterior legislatura, sin que llevara a aprobarse, y de que está incluida entre las 155 medidas del pacto de Gobierno que ambas formaciones suscribieron el verano pasado.
Junto a la limitación de los mandatos, se propone la incompatibilidad del cargo de diputado con los de viceconsejero, alcalde o concejal, así como la obligación de publicar las declaraciones de actividades y patrimonio hasta pasados tres años del fin de la actividad pública para altos cargos y para parlamentarios, con el fin de evitar "puertas giratorias".
En declaraciones a los medios, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha tildado de "inaudito" que Podemos, "el partido de la narcodictadura venezolana" y de "los marqueses de Galapagar", quiera "dar lecciones de democracia", y ha lamentado que Ciudadanos y Vox hayan optado por "hacer seguidismo".
También se ha debatido la toma en consideración de una ley para que los médicos extracomunitarios ejerzan de especialistas, que no será tramitada al haber decaído. El PP y Ciudadanos han alegado que prefieren el cambio normativo que prevé impulsar el Gobierno a la proposición "de brocha gorda" presentada por Más Madrid.
El Ejecutivo madrileño ya ha avanzado que trabajará en una modificación de la normativa laboral vigente para que los médicos extranjeros no comunitarios que actualmente se forman en los hospitales como especialistas a través del MIR puedan ejercer como personal estatutario en el Sermas, una vez finalizada su formación.