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La Comunidad defiende sus protocolos contra el acoso y acusa al Gobierno central de no ser un “entorno seguro”
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido este jueves la existencia de protocolos frente al acoso en la Administración regional y ha preguntado si en el Gobierno de la nación existían mecanismos similares. “Nosotros no portamos cabezas inocentes”, ha afirmado en referencia a la polémica surgida tras la acusación contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.
La intervención se ha producido durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico en la Asamblea de Madrid, a raíz de una pregunta formulada por la diputada de Más Madrid Mariana Arce sobre los protocolos de actuación ante casos de acoso sexual en el ámbito laboral de la Comunidad.
Albert ha reprochado a Arce que planteara la cuestión siendo portavoz en la Comisión de la Mujer, y ha recordado que sustituyó en el cargo a Loreto Arenillas tras la controversia que afectó a su grupo por el caso de Íñigo Errejón. La consejera ha acusado a Más Madrid de actuar con “cinismo” y ha defendido que el Gobierno regional cuenta desde 2017 con un protocolo general de prevención y actuación frente a todo tipo de acoso en el trabajo.
Según ha explicado, el procedimiento contempla que, incluso antes de que se formalice una denuncia, la persona afectada pueda contar con el apoyo de una asesora especializada con formación en igualdad. Una vez presentada la denuncia, el protocolo se activa automáticamente.
Albert ha asegurado que la Comunidad de Madrid es “un entorno seguro”, en contraste con lo que, a su juicio, sucede en el Ejecutivo central.
Por su parte, Mariana Arce ha criticado la actuación del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y de la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, en relación con el caso de la edil de Móstoles. La diputada de Más Madrid ha acusado al PP de desmantelar políticas de igualdad y ha advertido de que el caso es, en su opinión, “la punta del iceberg”.
El intercambio ha evidenciado la creciente tensión política en torno a la denuncia presentada en Móstoles y ha trasladado el debate sobre los protocolos de prevención del acoso al plano de la confrontación partidista en la Cámara regional.
