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El PP madrileño cierra filas y Ayuso rechaza “desguazar el honor” del alcalde de Móstoles
la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este sábado sobre la acusación de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso laboral y sexual, y ha advertido de que no participará en campañas de desprestigio. “Con nosotros no cuenten para desprestigiar y desguazar la vida de una persona”, ha afirmado, marcando distancia frente a los juicios paralelos y la condena anticipada.
Ayuso ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña, el campus anual organizado por Nuevas Generaciones del PP de Madrid, celebrado en San Lorenzo de El Escorial. En ese contexto, ha defendido una posición de prudencia ante acusaciones graves que aún no han sido dirimidas en sede judicial.
La presidenta regional ha subrayado que “hay todo el tiempo del mundo para condenar”, pero no así para “darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor”. Con esta reflexión, Ayuso ha cuestionado la dinámica política y mediática que, a su juicio, destruye reputaciones antes de que se esclarezcan los hechos y después pretende recomponerlas con disculpas tardías cuando “el juez sentencia”.
Las palabras de Ayuso llegan después de que la exedil anunciara este viernes su intención de denunciar al regidor de Móstoles. Ante esta situación, el PP de Madrid ha señalado que estudia emprender acciones legales al considerar que se ha actuado de “mala fe” y que se han “prefabricado pruebas” contra el partido en lo que define como una “vendetta personal”.
Por su parte, Manuel Bautista ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que es víctima de un “chantaje político”. El alcalde mantiene su inocencia y ha defendido que los hechos denunciados no responden a la realidad, mientras el caso continúa escalando en el ámbito político y mediático.
La intervención de Ayuso se enmarca en una defensa explícita de la presunción de inocencia y en una crítica a la instrumentalización política de acusaciones no resueltas judicialmente. El caso de Móstoles vuelve así a poner sobre la mesa el choque entre la exigencia de esclarecer denuncias graves y el riesgo de convertirlas en un mecanismo de demolición personal antes de que hablen los tribunales.
