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Dávila exige al ministro Bustinduy una reunión por los 3.000 millones que Madrid reclama para Dependencia
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La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, una reunión urgente para abordar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, al considerar que el Gobierno de España adeuda a la región cerca de 3.000 millones de euros.
En una carta difundida en sus redes sociales, Dávila denuncia el “incumplimiento” del Ejecutivo central en la obligación legal de cofinanciar al menos el 50% del coste efectivo del sistema junto a las comunidades autónomas. Según detalla, en 2024 la aportación real del Estado en Madrid fue del 27,5%, casi dos puntos menos que el año anterior, y las previsiones para 2025 apuntan a un porcentaje similar.
Una deuda acumulada de 3.000 millones
La consejera sostiene que este desfase ha generado una deuda acumulada cercana a los 3.000 millones de euros al cierre de 2025. A su juicio, el “agujero” aumenta a un ritmo superior al millón de euros diario y repercute directamente en la atención a las personas más vulnerables.
Dávila ha señalado que, con los recursos que el Estado dejó de aportar solo el pasado año, podrían haberse creado más de 12.000 plazas residenciales o financiado más de 17 millones de horas de ayuda a domicilio. “Detrás de una cifra abstracta hay miles de vidas en espera”, ha advertido.
Críticas al uso de los Presupuestos prorrogados
La responsable autonómica cuestiona que el Gobierno central se ampare en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para no cumplir la ley, cuando, según afirma, ha demostrado que dispone de instrumentos jurídicos para modificar partidas cuando existe voluntad política.
En este sentido, cita la aprobación de un real decreto-ley que modifica normas presupuestarias y apunta que el caso de la Esclerosis Lateral Amiotrófica es “paradigmático”, al haberse habilitado financiación específica pese a no estar prevista inicialmente.
Asimismo, ha denunciado que la “infrafinanciación” se agrava para la mayoría de las comunidades mientras, a su juicio, se firman acuerdos bilaterales con algunas autonomías, comprometiendo la igualdad entre españoles.
Dávila concluye su misiva solicitando un encuentro inmediato con el ministro para exigir el cumplimiento de la financiación prevista por ley y acordar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema y una atención digna a las personas en situación de dependencia.
