La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha reclamado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, un incremento urgente de la financiación y de los dispositivos de seguridad destinados a la protección de las víctimas de violencia machista en todos los municipios de la región.
La exigencia llega tras la carta enviada por el delegado a los alcaldes de 34 localidades madrileñas, instándoles a adherirse al sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia machista (VioGén).
En declaraciones realizadas antes de asistir a una función adaptada del espectáculo 'Circlassica' para personas con discapacidad intelectual, Dávila ha criticado duramente la inacción del Gobierno central. “Lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Desde la Comunidad de Madrid llevamos años solicitando un incremento en dispositivos de seguridad para todos los municipios y no hemos recibido ninguna respuesta”, ha denunciado.
La consejera ha recordado que Madrid es la comunidad que menos financiación recibe en relación con el número de víctimas y ha urgido al Ejecutivo de Pedro Sánchez a resolver lo que ha calificado como “el escándalo de las pulseras antimaltrato”, una herramienta fundamental en la protección de mujeres en riesgo que, según ha advertido, sigue sin solución por parte del Gobierno.
La consejería considera que la región está siendo nuevamente perjudicada en la distribución de recursos estatales. “Madrid es la comunidad autónoma que tiene la mayor red de atención a las mujeres víctimas, con los recursos más especializados”, ha subrayado Dávila, insistiendo en que el Ejecutivo debe asumir sus competencias y reforzar los dispositivos de seguridad, así como subsanar la insuficiencia de fondos que, a su juicio, sufre la región de forma reiterada.
La carta del delegado del Gobierno, dirigida también a la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), Judith Piquet, propone que los ayuntamientos valoren junto a sus equipos de gobierno la posibilidad de integrarse en el sistema VioGén, una herramienta del Ministerio del Interior para la valoración del riesgo y seguimiento de las víctimas. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que la adhesión a este tipo de sistemas debe ir acompañada de más medios técnicos y humanos que permitan una protección real y efectiva.