La Comunidad de Madrid exige el cierre de los macrocampamentos de migrantes y más seguridad

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido este jueves al Gobierno de España el cierre de los macrocampamentos de migrantes ubicados en Carabanchel, Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón. A su juicio, estas instalaciones no pueden ser la única respuesta a una situación que califica de "consecuencia directa de la falta de política y liderazgo del Ejecutivo central".

Las declaraciones se han producido tras conocerse la detención de un joven maliense, alojado en el centro de acogida de Alcalá de Henares, por una presunta agresión sexual a una chica en las inmediaciones del recinto. El consejero ha lamentado profundamente este suceso y ha reclamado al delegado del Gobierno en Madrid que refuerce urgentemente los medios de Policía Nacional y Guardia Civil en estos entornos, dotándolos de recursos adecuados.

García Martín ha advertido de que España tiene actualmente "las fronteras más permeables de Europa" y ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez no haber adoptado “ni una sola medida” efectiva para afrontar la presión migratoria. "Exigimos cuanto antes que se cierren estos macrocampamentos y que se refuercen las medidas de seguridad y protección a todos los ciudadanos", ha insistido.

El consejero también ha criticado la prevista llegada de 400 menores migrantes a Pozuelo de Alarcón, señalando que esta decisión se ha tomado “sin contar con el resto de administraciones públicas” ni ofrecer criterios claros sobre su distribución. Ha denunciado que la región ya sufre una presión migratoria significativa y que estas decisiones unilaterales agravan la situación.

García Martín ha urgido al Gobierno a tomarse en serio un problema que, según ha señalado, está afectando a toda Europa y que tiene consecuencias dramáticas, como la pérdida de vidas humanas en el Mediterráneo. “No estamos haciendo absolutamente nada”, ha recalcado, haciendo un llamamiento a adoptar medidas reales que atiendan tanto a la seguridad ciudadana como a la dignidad de las personas migrantes.