la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado de forma tajante la creación de un registro de médicos objetores al aborto, al considerar que esta medida vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y otros tratados internacionales. Durante la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha afirmado que “en Madrid no se va a hacer una lista negra de médicos”, en respuesta a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que exigía el cumplimiento de la normativa estatal en esta materia.
Ayuso ha advertido de que el citado registro pone en riesgo derechos como el de la igualdad ante la ley (artículo 14), el derecho a la vida y a la integridad física y moral (artículo 15), así como la libertad ideológica, religiosa y de creencias (artículo 16.1), todos ellos amparados por la Carta Magna y refrendados por sentencias del Tribunal Constitucional. Ha recordado además que el artículo 16.2 establece que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología o creencias.
La presidenta madrileña ha citado también el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Declaración sobre Objeción de Conciencia de la Organización Médica Colegial de 1997, que legitima el derecho del profesional sanitario a negarse a realizar prácticas contrarias a su conciencia, como el aborto. “Nunca vamos a obligar a un médico a actuar contra su conciencia y su libertad”, ha remarcado Ayuso, defendiendo con firmeza la libertad profesional en el ámbito sanitario.
En tono irónico, Ayuso ha lanzado una crítica directa a la izquierda radical por su incoherencia cultural, aludiendo a la posición del mundo islámico sobre cuestiones como el aborto o la homosexualidad. “Pregúnteles a sus amigos de Hamás qué opinan del aborto. Y no le digo de la homosexualidad o la transexualidad”, ha espetado a Bergerot.
Ayuso también ha lamentado la magnitud del aborto en España, recordando que se practican más de 100.000 cada año. “Un millón en una década. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos?”, ha señalado, calificándolo como un “fracaso de sociedad” y subrayando que muchos de esos casos serían evitables.