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Matute defiende el derecho a la objeción de conciencia frente al registro de objetores del aborto
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico defenderá el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia ante el aborto y ha descartado que nadie pueda "obligar" a publicar sus nombres por motivos éticos, morales, religiosos o filosóficos. Así lo ha afirmado este lunes tras la inauguración de la IV Jornada de Salud Comunitaria celebrada en Madrid.
“Con la Constitución en la mano defenderemos la libertad de conciencia y la libre objeción o cualquier derecho fundamental”, ha subrayado Matute ante los medios, al tiempo que ha señalado que el Gobierno regional está dispuesto a acudir a los tribunales en defensa de los profesionales sanitarios. No obstante, ha matizado que acatarán la decisión judicial correspondiente si se produce, aunque ha insistido en que pelearán por “los derechos de libre objeción y de conciencia”.
Las declaraciones de la consejera se producen en un contexto de creciente debate en torno al registro de objetores de conciencia en materia de aborto, planteado por el Ministerio de Sanidad. Matute ha aprovechado para criticar abiertamente a la titular de esta cartera, Mónica García, a quien ha acusado de actuar en clave política: “Usa la política para beneficio propio y lo que quiere es intentar llegar a la Comunidad de Madrid”, ha manifestado.
En este sentido, ha censurado lo que considera una actitud sectaria por parte del Gobierno central, señalando que “lo que no puede ser es que vaya en contra de todo esta ministra y no piense realmente en solucionar los problemas”. Frente a ello, ha defendido la postura del Ejecutivo autonómico madrileño, que, según sus palabras, promueve que el aborto sea “legal, seguro y poco frecuente”, sin perseguir a quienes lo practican, ni a quienes se oponen por convicción personal.
Matute ha insistido en que prefieren que sea un tribunal quien se pronuncie sobre la legalidad del registro y no un ministerio que, a su juicio, actúa guiado por criterios ideológicos. Con esta posición, la Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios y con la protección de la libertad de conciencia en el ámbito asistencial.
