El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles una inversión de 12,8 millones de euros destinada a garantizar la atención integral de 923 personas con discapacidad intelectual entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre del próximo año, según informó el Ejecutivo autonómico mediante un comunicado.
Dentro de esta partida, el Gobierno regional autorizó 7,7 millones de euros para la formalización de diez contratos orientados al mantenimiento de 556 plazas públicas. Estas plazas, derivadas del Acuerdo Marco, están reservadas a personas con discapacidad intelectual en centros residenciales que cuentan también con centro ocupacional.
Los recursos se localizan en distintos distritos de la capital, como Moncloa - Aravaca, Fuencarral-El Pardo, Barajas, Hortaleza y Moratalaz, así como en los municipios de Leganés, Pozuelo de Alarcón y Aldea del Fresno.
El resto de la inversión, más de cinco millones de euros, se destina a otros 24 contratos que suman 367 plazas adicionales de las mismas características y que no precisan autorización del Consejo de Gobierno. En estos centros se ofrece alojamiento, manutención, cuidados y apoyo personal en función de las necesidades de cada usuario, además de actividades de la vida diaria, programas de ocio y asistencia especializada.
En la misma reunión, el Consejo de Gobierno adjudicó también una inversión de 3,7 millones de euros para un servicio de apoyo a la rehabilitación psicológica y social, así como a la reinserción de 130 personas con enfermedad mental grave en situación de exclusión social.
Este servicio contempla diferentes propuestas de intervención desarrolladas en estrecha coordinación con el Equipo de Atención Psiquiátrica de Calle, dependiente de la Consejería de Sanidad. Asimismo, incluye cinco pisos supervisados con un total de 20 plazas en los distritos de Moratalaz, Carabanchel y Villa de Vallecas, además de cuatro pensiones situadas en el centro de Madrid para la acogida temporal de diez personas.
Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con una red pública de más de 21.000 plazas destinadas a la asistencia integral de personas con discapacidad y con enfermedad mental grave y duradera, lo que refuerza su compromiso con la atención social y sanitaria de los colectivos más vulnerables.