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Detenidas siete personas en Fuenlabrada y Madrid por explotación laboral de extranjeros en call centers
La investigación, desarrollada en 15 centros con apoyo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Madrid, destapó contrataciones de ciudadanos extranjeros sin permiso de trabajo, condiciones abusivas y castigos humillantes.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, por su presunta implicación en un delito continuado contra los derechos de los trabajadores en call centers ubicados en la ciudad de Madrid y en Fuenlabrada. La operación culminó el 10 de marzo con la entrada y registro en 15 centros y con el posterior traslado de los arrestados a disposición de la autoridad judicial.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación permitió acreditar que en esos centros se contrataba a ciudadanos extranjeros que carecían de permiso de trabajo y se les imponían condiciones laborales abusivas que restringían cualquier derecho laboral.
Las pesquisas comenzaron cuando los agentes detectaron la existencia de múltiples call centers que seguían una misma operativa para incorporar trabajadores, realizar entrevistas e imponer condiciones laborales totalmente restrictivas de derechos. En el desarrollo de la investigación colaboró la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Madrid.
Aunque los empresarios trataban de dificultar la actuación policial mediante cambios constantes en la ubicación de los locales, los investigadores lograron localizar los centros en Madrid y Fuenlabrada. En total, el dispositivo se desplegó en 15 establecimientos donde, según la Policía, los empleados estaban sometidos a la total dominancia de sus encargados.
La investigación también constató que los trabajadores debían alcanzar objetivos diarios a través de llamadas a particulares. Para ello utilizaban guiones previamente entregados por los encargados, estructurados con el fin de confundir a los interlocutores para que contrataran determinados productos o servicios.
Los responsables de los centros, de acuerdo con la información policial, mantenían perfiles muy concretos con los que conseguían una total dominancia sobre los trabajadores, aprovechando su superioridad ante la vulnerabilidad de los empleados.
Además, en los centros se fijaba un ranking diario según las contrataciones conseguidas. Para evitar humillaciones, los empleados trabajaban sin que se tuviera en cuenta la duración de su jornada laboral, ya que debían alcanzar las metas marcadas en cada establecimiento.
Entre esas prácticas figuraba un sistema de recompensas y castigos degradantes vinculado a la posición en ese ranking. Entre los castigos detectados estaba lanzar tartas a la cara al trabajador que quedaba en último lugar, en presencia de sus compañeros.
La Policía sostiene que los responsables eran conocedores de la situación irregular de los trabajadores y se valían de esa circunstancia para ofrecerles unas condiciones que no les permitían exigir ningún derecho. Los empleados, según la investigación, carecían de jornadas de trabajo legales, días de descanso obligatorios, vacaciones, retribuciones justas o seguros médicos ante la posibilidad de cualquier accidente laboral.
