Dos imputados por distribuir 'garrafón' en locales de Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido 355 botellas de alcohol adulterado tras inspecciones en 37 locales de Madrid, que visitaron tras detectar un posible fraude por el que están imputadas dos personas que distribuían la mercancía y tenían un volumen de negocio de unos 250.000 euros a año.

La investigación, bautizada como operación "Siva", comenzó cuando agentes de la Policía Municipal de Ciudad Lineal fueron informados de la posible distribución de bebidas alcohólicas posiblemente adulteradas en diversos locales de la capital, según ha indicado hoy el Ayuntamiento de Madrid.

Agentes policiales, junto con técnicos de Sanidad y Consumo de la Junta Municipal de Centro y de la Agencia Tributaria realizaron las primeras visitas para comprobar la situación y, tras las investigaciones iniciales, programaron 37 inspecciones en materia de bebidas alcohólicas en locales de ocio y restauración de Madrid.

A raíz de las mismas levantaron un total de nueve actas de incautación, en las que se intervinieron 355 botellas de diferentes bebidas alcohólicas.

El análisis de las botellas retiradas permitió comprobar que las bebidas, aunque no eran perjudiciales para la salud pública, no cumplían las condiciones de contenido, composición, procedencia y graduación del alcohol que figuraban en el etiquetado.

Además, ninguna de las botellas incautadas tenía precinto fiscal.

Por estos motivos, los supuestos responsables de la distribución, sorprendidos mientras se desplazaban en un camión con 77 cajas de bebida, se enfrentan a un delito de estafa, fraude fiscal y contra la propiedad industrial.

El delito contra la propiedad intelectual se debe a que un gran número de botellas intervenidas contenían tequila, un producto con denominación de origen protegida por convenios internacionales.

Tras una consulta con el consulado de México y con el Consejo Regulador del Tequila (CRT), los responsables de la operación certificaron que la bebida incautada no cumplía la reglamentación de certificación del Consejo Regulador ni su distribución estaba autorizada.

El volumen de negocio fraudulento podría alcanza el cuarto de millón de euros anual, según la comprobación de los movimientos mercantiles de los imputados durante los tres últimos años.