Desarticulado un grupo criminal en Madrid por tráfico de marihuana y blanqueo de capitales

Desarticulado un grupo criminal en Madrid por tráfico de marihuana y blanqueo de capitales

La Guardia Civil, en colaboración con Europol, ha logrado desmantelar una red criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al blanqueo de capitales en España.

Aunque la organización operaba principalmente desde Barcelona, sus actividades tenían un alcance internacional.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el delegado del Gobierno en Cataluña, Francisco Botana, junto con el general jefe de la Guardia Civil de Cataluña, Pedro Antonio Pizarro, y otros altos mandos de la Policía Judicial, explicaron los detalles de esta operación. Por razones de seguridad, algunos de estos oficiales prefirieron mantener su anonimato.

La investigación, que comenzó en 2022, culminó con la detención de 25 individuos, de los cuales 22 fueron encarcelados. Además, se investigó a otras 8 personas y se realizaron 29 registros en diferentes ciudades españolas, incluyendo Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga y Cádiz.

Durante los operativos, las autoridades incautaron más de 6 millones de euros en efectivo, una considerable cantidad de drogas, 48 armas de guerra, artículos de lujo y 30 vehículos de alta gama.

La organización criminal introducía la droga en España a través de contenedores marítimos que transportaban productos "aparentemente legales", como maquinaria industrial y frutas tropicales. La estructura de la banda incluía inversores, testaferros, personal portuario que facilitaba la extracción de la droga en Barcelona y responsables del blanqueo de los beneficios.

El líder de la organización, conocido como 'Lucky', coordinaba las operaciones, controlaba la red y ocultaba su participación directa mediante intermediarios que realizaban transacciones legales a través de empresas de construcción o compraventa de vehículos, utilizando así los fondos ilícitos.

Desarrollo de la investigación

La investigación se puso en marcha el 4 de enero de 2022, tras la intervención en Lleida de 620 kilogramos de cocaína ocultos en un generador eléctrico importado por una empresa panameña. A partir de este hallazgo, se establecieron sistemas de alerta y seguimiento para los envíos relacionados con la empresa investigada.

En junio de 2022, las autoridades interceptaron un envío en el aeropuerto de Madrid-Barajas que contenía 200 cajas de piñas destinadas a la empresa investigada, dentro de las cuales se encontraron más de 62 kilos de cocaína. El seguimiento de este envío hasta Barcelona permitió identificar a varios miembros de la red.

A lo largo de la investigación, se analizaron las actividades del grupo y sus conexiones internacionales, incautando más envíos de droga en diversos puertos: tres contenedores en Panamá con 4.100 kilos de cocaína y dos en España con 700 y 1.600 kilos de cocaína.

Fases de la operación

En la primera fase de la operación, se detuvo a tres personas y se investigó a otras ocho, además de incautar 620 kilos de cocaína y 181.000 euros en efectivo. En la segunda fase, se interceptaron más de 62 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de piña natural procedente de Costa Rica con destino a Barcelona, resultando en la detención de cuatro personas y la incautación de 7.900 euros en efectivo.

La tercera fase incluyó 29 registros y 18 detenciones en Barcelona, Valencia, Madrid, Cádiz y Málaga, donde se encontraron más de 6 millones de euros, drogas como marihuana y cocaína rosa ('tusi'), vehículos con compartimientos para esconder droga y armas.

Colaboración internacional

La operación, supervisada por el Juzgado de Instrucción 3 de Lleida, ha sido descrita como un golpe significativo contra el crimen organizado. La investigación, compleja y extensa, se benefició de la cooperación entre diversas unidades y organismos tanto nacionales como internacionales.

Se compartió información con Costa Rica, Panamá, Dubái y Colombia a través del Centro de Inteligencia Criminal Antidroga, bajo la dirección de la Guardia Civil y en el marco del Proyecto GDIN, financiado por la Comisión Europea.

Prieto destacó la importancia de desmantelar completamente el grupo, describiendo el proceso como arduo y dependiente de la paciencia, la investigación detallada y la colaboración policial. Asimismo, expresó su preocupación por la presencia de armas ilegales en España, señalando que la organización poseía un arsenal que incluía armas largas automáticas, fusiles, escopetas, armas cortas con silenciador, puños americanos y pistolas táser.

Pizarro subrayó la importancia de las incautaciones realizadas antes de que la droga llegara a territorio español, y enfatizó los esfuerzos de la Guardia Civil para colaborar con otros países en la lucha contra estos grupos criminales.

Los capitanes de la Guardia Civil señalaron que los miembros del grupo no tenían una actividad económica que justificara su elevado nivel de vida. El líder del grupo, asentado en El Prat de Llobregat (Barcelona), llevaba una vida aparentemente normal, aunque era un conocedor del negocio del narcotráfico y tenía una notable influencia dentro de la estructura delictiva.