El consejero de Transporte, Ángel Garrido, ha avisado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que el retraso de la aportación del Estado al Consorcio Regional de Transportes -que cifra en 126,8 millones- está generando "fuertes tensiones" en su tesorería, que "serán dramáticas" si acaba el año sin el ingreso previsto.
Garrido, también presidente del Consorcio, ha enviado una carta al ministro en la que le solicita una reunión para abordar esta cuestión y para saber si el Estado va transferir el dinero antes de que acabe el año, para "evitar las lamentables consecuencias que la falta de financiación estatal puede provocar en el transporte madrileño".
El consejero recuerda en su misiva que durante este año se han enviado escritos desde el Consorcio a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local "solicitando el pago de dichos créditos, sin que se haya recibido contestación alguna ni sobre esta cuestión ni sobre el motivo de la no aportación".
"Con fecha 6 de junio de este mismo año se envió una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda solicitando una reunión para clarificar estos extremos y poder articular alguna solución respecto a la falta de financiación", prosigue, carta que "tampoco ha tenido contestación".
Según Garrido, la deuda contraída por la Administración estatal "asciende, a día de hoy, a más de 105 millones de euros". "Apenas faltan tres meses para la financiación del ejercicio presupuestario y no se ha solucionado este grave problema, del que no se concluye una solución a corto plazo, toda vez que ya se ha anunciado que los presupuestos generales del Estado van a seguir prorrogados durante lo que resta del año".
"Esta falta de financiación durante todo este ejercicio por parte de uno de los principales socios del Consorcio de Transportes de Madrid está suponiendo fuertes tensiones en su tesorería, que serán dramáticas en el caso de que al término del año no se produzca el ingreso previsto", advierte.
Y reprocha la actitud del Estado, recordando que "la lealtad institucional no es una virtud, es una obligación moral. Como representantes de los ciudadanos y servidores públicos, nuestra obligación es estar al servicio del bien general y colaborar, es decir, trabajar juntos".
"El decaimiento, el olvido o el abandono de los compromisos adquiridos, sobre todo por parte de quien tiene el deber de ser ejemplar, destruye la confianza en las instituciones", prosigue.
Garrido concluye invitando al ministro a estudiar también el incremento de la aportación del Estado al Consorcio de Transportes "de forma análoga al incremento que recogía el proyecto de presupuestos del Estado para 2019 con respecto a la Autoridad Metropolitana de Barcelona que experimentaba un crecimiento del 50,93 %" comparado los ejercicios de 2015 y 2019.
"Ni por la población atendida, ni por los viajeros transportados, ni por los presupuestos dedicados al transporte se puede entender que mientras en Barcelona, de 2015 a 2019, la subvención del Estado haya tenido una previsión de crecimiento del 50,93 %, en Madrid, en el mismo periodo, se haya reducido un 0,98 %", sostiene.