El exconsejero de Madrid Granados enfrenta 7 años de prisión por presunta 'caja b'

Solicita que la ex presidenta y su sucesor Ignacio González respondan como beneficiarios de los beneficios obtenidos ilícitamente

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de 7 años y 10 meses de prisión para el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y 3 años y 6 meses de prisión para el ex gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, al considerarlos como los principales responsables de la supuesta 'caja b' del partido a nivel regional. Además, ha solicitado que la ex presidenta Esperanza Aguirre testifique durante el juicio.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público no solo solicita el testimonio de Aguirre en el juicio, sino que también pide que tanto ella como el ex presidente madrileño Ignacio González sean considerados como beneficiarios de los beneficios obtenidos ilícitamente: Aguirre por un monto de 26.000 euros y González por 28.293,22 euros.

La Fiscalía solicita condenar a la ex jefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, al ex jefe de gabinete de la presidenta, Borja Sarasola, al ex directivo de la Comunidad José Martínez Nicolás, al presunto 'conseguidor' de Púnica, Alejandro de Pedro, y a Diego Mora.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Granados y Gutiérrez aprovecharon sus cargos dentro del PP de Madrid, siendo el primero secretario general y el segundo gerente regional, "conscientes de que en mayo de 2011 se celebrarían las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y que serían designados como director de la campaña y administrador electoral respectivamente".

De esta manera, "se coordinaron para buscar, localizar y tratar con empresas de publicidad 'afines' a las que encargarían actos electorales que serían pagados al margen de los procedimientos regulados de acuerdo con la normativa del proceso electoral, y posteriormente, ocultados a la cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid".

"En este contexto, Granados comenzó a programar los actos desde, al menos, principios de septiembre de 2010 de tal manera que, con fecha 8 de noviembre de 2010 ya había adjudicado la principal ejecución material de la campaña a la empresa El Laboratorio de Almagro 36, S.L., así como consensuado con su responsable, María Luisa de Madariaga, la realización de la misma y cómo se debería facturar por parte de su empresa, así como a qué entidad jurídica", detalla la Fiscalía.

LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Finalmente, recuerda el escrito, las elecciones fueron convocadas por Aguirre, iniciándose "el denominado periodo electoral que, a efectos económicos, supone la aplicación de los límites de gasto electoral previstos, tanto en la Ley Orgánica Electoral General como en la ley Electoral de la Comunidad de Madrid".

Como ya se preveía, señala la Fiscalía Anticorrupción, el principal responsable de la campaña electoral fue Granados, mientras que el encargado de los fondos en calidad de gerente de la campaña, como en las anteriores, fue Beltrán, que también fue designado ante la Junta Electoral Provincial como administrador electoral.

El organigrama principal de la campaña se desglosaba a su vez en múltiples responsables de cuestiones sectoriales, entre los que la Fiscalía destaca al responsable de campañas locales y actos públicos, Borja Sarasola y, como en las elecciones autonómicas del 2007, a la responsable de los medios de comunicación, Isabel Gallego.

En su escrito, la Fiscalía detalla una serie de ingresos y gastos y relata que, "para cumplir con la normativa electoral, Beltrán Gutiérrez, en su condición de administrador electoral y con conocimiento del también acusado, director de la campaña, presentó un escrito ante el registro de la Cámara de Cuentas de Madrid el día 23 de septiembre de 2011, en el que presentaba la documentación que comprendía la contabilidad de la campaña electoral del citado partido, a pesar de saber que la información presentada no reflejaba la realidad global de los costes".

Y esto era así, señala la Fiscalía Anticorrupción, ya que "el total del coste declarado fue de 2.986.624*89 euros, adjuntándose al escrito la información contable oficial del Partido Popular de Madrid en la que se basaba y justificaba tal cifra".

"De acuerdo con la misma, se declararon un total de 35 proveedores, al tiempo que se remitieron las facturas presentadas por estos, la contabilidad analítica y por cuentas de estas, el libro diario de operaciones y los medios de pago, así como el extracto de movimientos de la cuenta de campaña", añade el escrito.

LA EJECUCIÓN DEL PLAN

Sin embargo, explica la Fiscalía, "dicha cantidad era muy inferior a la realmente incurrida, ya que los acusados autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no reflejaba la realidad de lo sucedido".

"Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en efectivo, bien a través de las facturas alteradas", argumenta.

La Fiscalía sostiene que "la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados". "Una vez entregadas, el mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar a Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas", explica.