El médico que supuestamente falsificó un certificado para exonerar al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir de una citación el pasado 8 de enero ante la Guardia Civil ha solicitado a la jueza que archive la causa después de que ya argumentase que el informe lo realizó "conforme a la praxis médica".
Fuentes jurídicas han informado de que el doctor ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, que decrete el sobreseimiento de la causa y archive el caso.
Su petición se produce una semana después de que compareciese ante la magistrada en calidad de imputado y negase haber falsificado el informe médico en el que constataba que Villar Mir no podía acudir a la Guardia Civil el pasado 8 de enero para someterse a una toma de huellas, práctica solicitada por el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, que investiga al expresidente de OHL.
En su escrito, la defensa del médico insiste en que el informe es correcto y conforme a la verdad, como ya señaló su cliente ante la jueza, según las fuentes.
La magistrada asumió esta investigación derivada por el magistrado de la Audiencia Nacional a partir de unos pinchazos telefónicos a Villar Mir contenidos en un informe policial en los que supuestamente se hablaba de la necesidad de contar con un informe médico para exonerarle de la citación ante la Guardia Civil.
Sin embargo, para demostrar que no hubo falsificación alguna, Villar Mir presentó un escrito ante el juzgado de Madrid el pasado 17 de septiembre, dos días antes de la declaración del médico, con la intención de "disipar cualquier atisbo de duda sobre la cuestión".
Además del escrito, Villar Mir aportó documentación para acreditar que no salió de su casa del 8 al 11 de enero y que el 12 acudió a la Guardia Civil a someterse a la prueba dactilar.
Y añadió además que un día después un médico tuvo que ir a su domicilio a requerimiento de sus hijos y le diagnosticó una bronquitis.
Por su parte, los abogados de Villar Mir presentaron el pasado lunes una querella ante el Tribunal Supremo contra el juez de Lezo por varios delitos, entre ellos el de prevaricación, al considerar que la autorización de las escuchas telefónicas entre el empresario y su letrado pudo vulnerar el derecho de defensa.