El responsable del hacinamiento de cadáveres en la Complutense de Madrid evita la cárcel

El exjefe del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) José Ramón Mérida Velasco ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para evitar la cárcel, aceptando una condena de 18 meses en lugar de los 8 años que se habían solicitado inicialmente.

En la vista en los Juzgados de lo Penal de Madrid, Mérida compareció por las condiciones inhumanas de las instalaciones debido al exceso de cadáveres. 

Según el acuerdo, se le impondrá una sentencia de tres meses de encarcelamiento por una infracción cometida en contra de los trabajadores, y tres meses adicionales por cada cinco delitos de los que se le acusa en relación a la integridad moral. Además, se le inhabilitará para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para desempeñar el cargo de director de Departamento durante el periodo de la condena.

Se le impone una multa de 3 meses con una cuota diaria de 10 euros, junto con la responsabilidad. El fiscal no se opone a la suspensión de la pena de prisión si se pagan las cantidades indicadas y no se comete ninguna infracción durante un periodo de dos años.

El fiscal solicitó al principio tres años de prisión por un delito en contra de la salud de los trabajadores y uno por cada uno de los cinco delitos contra la integridad moral. El abogado José Luis Vegas, en nombre de los afectados, pidió 21 años de encarcelamiento y 264.000 euros de compensación.

Según el relato del fiscal, el médico obligó a los trabajadores durante años a prestar sus servicios "en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas".

En 2014, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ordenó la suspensión de todas las actividades, lo que llevó al rectorado de la Universidad a investigar las responsabilidades. Como resultado, se descubrieron 534 cadáveres en el sótano.

El escrito de acusación denuncia el modo en que Mérida sometió a los trabajadores "a unas condiciones de penosidad innecesariamente degradantes que trascendieron de la esfera laboral".

Y ello porque durante años desatendió "sistemáticamente" las "justas" demandas de los trabajadores "al tiempo que les culpabilizaba y recriminaba por la situación de desbordamiento que él provocaba, sin proveer ninguna solución".

Una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales "hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción".

Mérida tenía la responsabilidad principal de supervisar, controlar y vigilar las condiciones de trabajo del personal técnico de laboratorio.

"El miedo a la pérdida del empleo, el empeoramiento de su condición física y mental, la imposibilidad de mantener el orden en su puesto de trabajo por desbordamiento del entorno laboral, la falta de respeto y valoración de las tareas que realizaban en condiciones vejatorias, sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos", denuncia la Fiscalía.

El acusado instruía a los técnicos para que llevaran a cabo los trabajos, así como también les asignaba la labor de limpiar y desinfectar el material quirúrgico, las mesas y las superficies.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público sostiene que las características del centro de trabajo y las circunstancias en las que el acusado dirigía la actividad laboral de los técnicos "determinaba la creación de un grave riesgo para la salud, integridad física y mental de los trabajadores".

Tales circunstancias eran conocidas por Mérida "así como los riesgos derivados de las mismas por su condición de médico y Director del Departamento de Anatomía". Por ejemplo, los técnicos trabajaban en un sótano "que carecía de ventilación adecuada" por lo que todos los estaban expuestos a la inhalación de gases.

Incluso la Fiscalía advierte de que no existía "ningún cerramiento especial que impidiera que los vapores de dicha sustancia estuvieran concentrados y no se extendieran por las diversas salas y pasillos o de que utilizaran a diario diversos productos químicos potencialmente cancerígenos".

En relación a la cámara frigorífica donde se almacenaban numerosos cadáveres, el acusado mandó a los técnicos que sacaran entre 40 y 50 cuerpos y los dejaran en una habitación para ser quemados.

"Sin embargo, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición", añade la Fiscalía.

Para solventar el problema, Mérida ordenó instalar otro motor "pero también era insuficiente y formaba capas de hielo sobre los cadáveres que debían extraerse unos cuatro o cinco días antes de su uso y, después de él, se volvían a introducir en la cámara en proceso de descomposición".

Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que "los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales".

No se estaba utilizando el método de enseñanza más apropiado debido a que los cuerpos llegaban al sótano sin seguir un procedimiento establecido, sin ser identificados y sin información sobre su origen o si padecían enfermedades infecciosas contagiosas.

"Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos --explica la Fiscalía-- determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos".

Pero es que, además, los trabajadores usaban ropa inadecuada para realizar sus tareas y la condiciones de higienes era "deficientes". Tan es así que en enero de 2014 comenzaron a aparecer larvas, gusanos e insectos.

El escrito de acusación pone también de manifiesto que los técnicos desempeñaban sus funciones en presencia "permanente" de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban manualmente y "de modo repetitivo" cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos o que se les ordenaba "introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción".