Investigan si la sicav vinculada a Cavero tuvo relación con el fondo que compró a Ivima

Un juzgado de Madrid ha pedido a la Oficina nacional de investigación del fraude (Onif) que elabore un informe sobre las "posibles relaciones económicas" entre la sociedad de inversión (sicav) Bussola 99, vinculada al exconsejero Pablo Cavero, y las empresas que compraron casi 3.000 viviendas del Ivima.

En una providencia fechada el pasado 15 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid atiende la petición de la Fiscalía de investigar las posibles relaciones entre Bussola 99 y la inmobiliaria Azora, el banco Goldman Sachs y la sociedad En Casa, que participaron en la compra de las viviendas cuando Cavero, hoy concejal del PP en la ciudad de Madrid, era consejero de Transportes y Vivienda autonómico.

Según el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, familiares de Cavero son responsables de la sicav Bussola, entidad de la que es subgestora Goldman Sachs.

La petición de informe se produce después de que en diciembre de 2014 el mismo juzgado que investiga la venta de las viviendas del Instituto de Vivienda de Madrid pidiera un informe a la Policía Judicial, tras una querella del PSM, para determinar si hay indicios de enriquecimiento de responsables de la Consejería en la venta.

Desde un primer momento, el entonces responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid explicó que la venta de las 32 promociones a Azora, por un total de 201 millones de euros, superó en 32 millones la tasación inicial, de 168,9 millones de euros.

Según el consejero, la venta se produjo dentro de un "proceso transparente" al que se presentaron 14 firmas interesadas y que ganó la empresa Azora por tratarse de "la mejor oferta".

Cavero respondió así a las acusaciones del entonces secretario general del PSM, Tomás Gómez, que en septiembre de 2013 pidió al Gobierno regional que aclarase "las relaciones económicas y empresariales" de Cavero y su familia con el grupo Goldman Sachs.

A raíz de este caso, fue citada a declarar como imputada la directora gerente del Ivima, Ana Gomendio.

En su providencia, y también a petición de la Fiscalía, el titular del juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha pedido al Ivima diferente documentación que especifique "en virtud de qué acto administrativo" la escritura de compraventa de las casas pasó a la sociedad de nueva creación En Casa.

También pide conocer el porcentaje de arrendatarios que ejercieron la opción de compra que poseían los inquilinos de estos pisos de alquiler social en 2009, 2010, 2011, 2012 y el primer trimestre de 2013.

Igualmente, el juez solicita que declaren como testigos el próximo 30 de noviembre un responsable de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, una interventora de la Consejería de Transportes y un arquitecto de ST Sociedad de Tasación.