Justicia destaca los avances en la reagrupación e informatización de los juzgados madrileños

La consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, destaca los avances en reagrupación de sedes judiciales y en informatización de los juzgados madrileños, en los que se han "cambiado todos los equipos informáticos de todos los jueces y fiscales", y un 60% en el caso de los empleados públicos.

Las sedes judiciales "se están reagrupando por jurisdicciones", afirma en una entrevista con ABC, empezando por la Audiencia Provincial en la calle Santiago de Compostela y el núcleo penal en San Blas con "tres edificios en un radio de 100 metros que albergan 56 órganos judiciales".

Asimismo, el edificio de la calle Albarracín con 12.000 metros, acoge los juzgados de mujer, la Oficina de Atención a las víctimas, la primera "cámara gesell" de Madrid, y más espacio para procuradores y fiscales, "cada uno tiene su despacho", añade la consejera.

En lo civil, en torno a la calle Poeta Joan Maragall, 66 (antes Capitán Haya) hay 46 juzgados y el resto, hasta los 103 que hay, están en nueve ubicaciones distintas, lo que genera "disfunciones", señala Ibarrola, a la que ABC ensalza como "la primera consejera exclusivamente dedicada a la Justicia que ha tenido la Comunidad", ya que anteriormente esa consejería estaba unida a la Presidencia.

"En poco tiempo podremos decir exactamente dónde se van a implantar todos estos juzgados: de la sede de Poeta Joan Maragall, en Plaza de Castilla, al nuevo edificio donde vamos a agruparlos, hay dos minutos andando. Y un poquito más abajo, en la calle Francisco Gervás, 10, están los de familia, con lo cual está todo muy cerca", explica Ibarrola.

"No me gustaría irme sin haber trasladado los juzgados de lo civil que están en María de Molina", dada las deficiencias del edificio, agrega.

También destaca que "por primera vez los pagos a abogados de oficio y procuradores están al día", al entrar en vigor el nuevo sistema puesto en marcha por el gobierno de Ángel Garrido.

Sobre la subida salarial a funcionarios de Justicia que el Gobierno central ha recurrido, Ibarrola subraya que pidió a la ministra de Hacienda "que lo retirara", pero aún no han respondido.

Mientras, los funcionarios madrileños "siguen cobrándolo, porque no se acordó la suspensión cautelar", y la Comunidad está "cumpliendo el acuerdo" alcanzado con los sindicatos.